Un operativo de monitoreo marítimo detectó esta semana la presencia del buque Lu Qing Yuan Yu 205, integrante de una flota subsidiada por el Estado chino, realizando movimientos compatibles con tareas de prospección sobre la plataforma continental argentina. El seguimiento de su trayectoria fue reportado por un medio especializado en control de tráfico marítimo.

De acuerdo con el análisis técnico, el buque ejecutó desplazamientos lentos, rectilíneos y repetitivos, un patrón que el especialista Milko Schvartzman asocia a estudios biológicos o geológicos, similares a los ya registrados en 2022 y 2023. Al no existir autorización argentina conocida, se presume que estas maniobras podrían estar orientadas a mapear recursos pesqueros estratégicos, como calamar y merluza, o incluso a explorar posibles reservas del subsuelo marino, donde el país ejerce derechos soberanos exclusivos.

Organizaciones dedicadas al control ambiental y a la protección de los recursos marinos alertaron que este tipo de operaciones no es un hecho aislado, sino parte de una conducta reiterada que deja en evidencia debilidades en los sistemas de vigilancia y fiscalización de flotas extranjeras que operan en las cercanías de aguas jurisdiccionales argentinas.

Para Tierra del Fuego y la región patagónica, estos episodios adquieren una relevancia especial, ya que el Atlántico Sur y la plataforma continental representan áreas estratégicas para la pesca, la biodiversidad y el desarrollo económico regional. Una prospección no autorizada podría comprometer seriamente los recursos que sostienen a numerosas economías locales y afectar ecosistemas sensibles.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre la existencia de permisos habilitantes para este tipo de estudios por parte de buques extranjeros. Especialistas en derecho del mar y soberanía marítima recuerdan que cualquier actividad de exploración en estas zonas debe contar obligatoriamente con autorización previa del Estado argentino.

El nuevo registro del Lu Qing Yuan Yu 205 vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de reforzar el control estatal, el monitoreo satelital permanente y los mecanismos de inspección, para prevenir actividades no reguladas. En ese marco, organismos ambientales y sociales reclaman mayor transparencia, fiscalización rigurosa y una defensa activa de la soberanía sobre los recursos del Atlántico Sur.