El cierre no se enmarca en la crisis de la industria ni en la falta de demanda, sino en un problema puntual del empresario. “Las textiles de la provincia están adheridas al subrégimen y tienen un tratamiento distinto, no tienen un problema económico como en el resto del país. Lo de Yamana, por lo que dice el empresario o los propios trabajadores, no es un problema de falta de trabajo, sino que es un problema económico derivado de los juicios millonarios que salieron contra el empresario. Cuando se hizo cargo de la empresa, sabía que algún día iban a salir. Yo no lo considero un problema de falta de trabajo”, manifestó.

“Se habla de 60 millones de pesos”, dijo del monto que tendría que pagar el propietario por los juicios laborales perdidos, quien “dice que no lo puede afrontar y por eso cierra la planta. Lo que pasa es que, si cierra la planta, lo que menos puede hacer es cumplir con los trabajadores y pagar el 100% de la indemnización. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que lo pague. No le hemos dejado declinar la vía administrativa, y el Ministro de Industria, a través de la comisión del área, le ha trabado todo el movimiento de materiales, tanto a Yámanas del Sur como a las empresas que hayan comprado materiales y estén adheridas al subrégimen -tal el caso de Badisur-. Esta fue una orden de la gobernadora, porque tenemos que proteger el empleo”, explicó.

Informó que hoy está prevista una reunión en el Ministerio de la Producción de la Nación, vinculada con el nuevo programa de reconversión productiva. “Se lo van a presentar al empresario, para ver si puede adherir. Eso prevé la mitad del salario del trabajador por seis meses, para ver si se puede reconvertir o reinsertarse. Eso nos da seis meses más para seguir trabajando y ver si el empresario puede resolver sus problemas y reabrir la planta, o se puede reconvertir en otra cosa, tomando el mismo personal; y si no, reinsertar al personal en otro lugar”, concluyó.