La foto es cruda: mientras la canasta básica del jubilado supera ampliamente el millón de pesos, el haber mínimo —incluso con bonos extraordinarios— apenas cubre poco más de una tercera parte de lo necesario para vivir con dignidad. En Tierra del Fuego, donde los precios son más altos que en el resto del país, la realidad se vuelve todavía más difícil, pese a que la mitad de los jubilados de la provincia asegura mantener la esperanza en un cambio.
Un abismo numérico
De acuerdo con estimaciones de abril de 2025, la canasta del jubilado se ubicó en $1.200.523 y, actualizada con las subas recientes, trepa a una proyección cercana a $1.270.000. Frente a ese valor, el haber mínimo nacional informado para agosto asciende a $314.305,37; con el bono extraordinario de $70.000, llega a $384.305,37.La diferencia es un desfasaje de más de $885.000 mensuales. Traducido en porcentajes, el haber mínimo con bono cubre apenas el 32% de la canasta estimada, mientras que sin bono la cobertura cae al 26,2%.
Tierra del Fuego: vivir cuesta más
Un relevamiento de precios en la provincia arrojó que un “changuito tipo” en julio alcanzó los $751.937. Con el bono extraordinario, un jubilado mínimo logra cubrir alrededor del 51% de ese gasto, es decir, apenas la mitad de lo necesario para el día a día en la provincia más austral.La situación se agrava al sumar rubros esenciales como medicamentos, servicios y transporte, que pesan más en los hogares de adultos mayores y no siempre están cubiertos.
Salud: el gasto que más golpea
Los medicamentos son el punto más crítico. Entre 2024 y 2025 se registraron aumentos de hasta 383% en algunos canastos de fármacos, muy por encima de la actualización de haberes. La quita de la cobertura del 100% por parte de PAMI sumó presión sobre los bolsillos, al tiempo que se denunciaron compras con sobreprecios que reducen el acceso real a los tratamientos.
Un sector que sostiene consumo
Lejos de ser un “costo” para el Estado, los jubilados sostienen gran parte del consumo formal, desde comercios hasta servicios de salud. Sin embargo, los últimos incrementos previsionales fueron apenas compensaciones parciales de lo perdido. De hecho, si se hubiese mantenido la fórmula de movilidad anterior, el haber mínimo debería rondar hoy los $430.000 y no los $314.305 actuales.La raíz del déficit, advierten especialistas, no está en las jubilaciones sino en la alta informalidad laboral: de casi 18 millones de personas en edad de aportar, menos de la mitad lo hace regularmente.
Moratorias y trayectorias laborales
Otro punto sensible es el de las moratorias previsionales. Lejos de ser un “regalo”, las cuotas se descuentan mensualmente y se actualizan con cada aumento. La mayoría de quienes accede tenía más de una década de aportes pero no pudo completar los 30 años por cesantías, crisis económicas o empleos en negro. Cortar esta herramienta implicaría borrar la realidad de millones de trabajadores argentinos.
Entre la decepción y la resignación
El desencanto se hace visible: la mitad de los jubilados dice mantener la esperanza en un cambio, mientras que la otra mitad se declara decepcionada o resignada, con algunos que incluso plantean no ir a votar. Esa ola de resignación, advierten, no solo es un problema social sino también político, ya que afecta a un sector históricamente activo y participativo.
Una prioridad pendiente
La brecha entre ingresos y gastos no solo se mide en estadísticas: se traduce en hogares que no llegan a fin de mes, jubilados que deben elegir entre medicamentos o alimentos y un sistema de salud cada vez más tensionado.En Tierra del Fuego, la foto es aún más nítida: precios sistemáticamente más altos, mayores necesidades de servicios y una jubilación mínima que, aun con bonos extraordinarios, no alcanza para vivir con dignidad. Convertir esta realidad en prioridad de política pública es, para muchos, una urgencia que ya no admite postergaciones.
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