La discusión es simple: quienes voten en contra serán responsables de que el aborto siga siendo clandestino.

Las consecuencias las conocemos: mujeres de los sectores más vulnerables seguirán alimentando las tasas de mortalidad por prácticas inseguras, como María Campos, de 37 años, madre de cinco nenas y un varón, que recurrió a una sonda, en la desesperación de una nueva gestación que no buscaba, y falleció a fines de febrero en Santiago del Estero, o terminarán con graves secuelas, sin útero, con diálisis, y otros problemas orgánicos. Las estadísticas oficiales son incontrastables: 135 mujeres cada día se internan solo en hospitales públicos por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Dos de cada 10 de ellas, tienen 19 años o menos.

Si se rechaza el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, casi 7 de cada 10 adolescentes que se convierten en madres cada año, seguirán afrontando gestaciones contra su voluntad, como marcan las estadísticas oficiales. La maternidad será para ellas, una imposición, una obligación y en muchos casos, llegar al parto, una tortura.

Las 340 mil a 450 mil mujeres que cada año recurren a la interrupción de un embarazo como último recurso, ante una gestación que no quieren continuar, seguirán abortando. Y el Estado les seguirá dando la espalda, empujándolas a la clandestinidad y a los riesgos asociados.

¿Aborto legal o aborto clandestino? Esa es la cuestión.

Pasaron cuatro meses de debate, en los que se escucharon a más de 800 expositores y expositoras, primero en Diputados y luego en el Senado, con fundamentos basados en evidencia científica e interpretaciones jurídicas con enfoque de derechos de un lado, y del otro, con sucesivas mentiras y falsedades.

Si no se avanza en la ampliación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, significará mucho más que un fracaso para el movimiento feminista. Será el fracaso de una sociedad que se dejó amedrentar y manipular por los sectores más conservadores aliados a la jerarquía católica, los mismos que siempre pretendieron dejarnos como ciudadanas de segunda categoría, sin los mismos derechos que los varones, los mismos sectores que se han opuesto históricamente a cada política que garantice derechos sexuales y reproductivos en el país.

Los antiderechos no quieren que podamos decidir sobre nuestros cuerpos igual que pueden hacerlo los varones. No quieren tampoco que gocemos de nuestra sexualidad plena. Le tienen miedo al goce y a la libertad sexual. Quieren convertirnos en incubadoras. Envases. Objetos.

Una ley que despenalice y legalice el aborto reconocerá la realidad: que las mujeres abortamos. Y frente a ese escenario pondrá al país en línea con aquellos que tienen estándares de vida más saludables para las mujeres y donde el aborto es un derecho.

Negociar el voto sobre nuestros cuerpos, es criminal. Sépanlo, senadores y senadoras.

Sin aborto legal, no hay Ni Una Menos.