Los curas y obispos, junto con los políticos, son los actores sociales que menos contribuyen al progreso del país. Estas son las principales conclusiones de una encuesta realizada por la consultora Ipsos.

El estudio se difundió el mismo mes en que el Senado rechazó la legalización del aborto, y luego de que diputados de Cambiemos presentaron proyectos para que el Estado deje de pagarles el sueldo a los obispos de la Iglesia Católica, anulando cinco decretos de la dictadura. A estos proyectos se les añadió esta semana otra iniciativa para que se quiten los símbolos religiosos de los edificios públicos.

El brote de laicismo se inscribe meses después de que se conoció, por información del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el Estado destina 130 millones de pesos para sostener a la Iglesia Católica de distintas maneras, además de pagarles directamente el sueldo a los obispos como si fueran empleados públicos.

Este año, junto con la masificación de los pañuelos verdes y celestes también empezó a circular el pañuelo naranja, que promueve el laicismo con la consigna “Iglesia y Estado, asunto separado”.

Acusando recibo del descontento social y del avance del laicismo, la Iglesia Católica de la Argentina ya abrió el paraguas: en los últimos días obispos se reunieron con funcionarios de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto, que depende de la Cancillería, para buscar nuevas alternativas en el sostenimiento del culto católico, que está establecido en el artículo 2° de la Constitución.

Al respecto, el Episcopado anunció hace unos días que se irán resignando en forma gradual las asignaciones que el Estado paga a los obispos. Pero no hubo anuncios de parte de funcionarios nacionales.

En tanto, cinco diputados de Cambiemos que votaron a favor de la legalización del aborto presentaron esta semana un proyecto orientado a quitar símbolos religiosos de edificios públicos.

La iniciativa se presentó justo un día antes de que estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba retiraron la imagen de la Virgen María de la Facultad de Derecho.

El proyecto, firmado por los radicales Karina Banfi, Brenda Austin, Facundo Suárez Lastra y Alejandro Echegaray y por el macrista Fernando Iglesias, propone “la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional” para que “el Estado garantice el trato igualitario de cultos”.