El juicio oral por las presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a viviendas del IPV en Ushuaia comenzó este lunes con un clima de fuerte expectativa y uno de sus primeros momentos de tensión dentro de la sala. El dirigente de ATE, Carlos Córdoba, optó por no prestar declaración ante el Tribunal de Juicio luego de que fuera rechazado un planteo presentado por su defensa.

La audiencia inició con el análisis de un pedido de nulidad impulsado por la representación legal de Córdoba. Sin embargo, los jueces resolvieron desestimar el planteo y continuar de manera inmediata con la etapa de indagatorias prevista para esta primera jornada del proceso judicial.

Tras esa resolución, el secretario General de ATE decidió hacer uso de su derecho a no declarar. Según trascendió durante el debate, el sindicalista tampoco había brindado declaración indagatoria durante la etapa de instrucción de la causa, aunque sí había presentado anteriormente un escrito mediante su defensa.

La investigación judicial está centrada en presuntas irregularidades vinculadas a operatorias con viviendas pertenecientes al barrio 128 Viviendas del IPV, un expediente que desde hace años genera repercusión política y social en la provincia.

En paralelo, una de las mayores expectativas del juicio está puesta ahora en la futura declaración de Miguel Arana, considerado una figura clave dentro de la causa y señalado como uno de los principales involucrados en las maniobras investigadas.

El proceso continuará en los próximos días con nuevas audiencias, presentación de pruebas y declaraciones testimoniales ante el Tribunal de Juicio de Ushuaia.