Este martes se dio inicio en los Tribunales de Río Grande al juicio oral y público por presunta mala praxis médica ocurrida en la clínica CEMEP, hecho que data del 16 de noviembre de 2015 y que derivó en la muerte del bebé de la paciente Miranda. En el proceso están imputados los profesionales Rodolfo Guido Pérez, obstetra, y Valeria Pastori, ginecóloga, acusados por el delito de homicidio culposo.
La jornada inaugural comenzó con la lectura del requerimiento fiscal y la exposición de los alegatos iniciales de la querella y la fiscalía.
La querella, representada por el doctor Juan José Velasco, sostuvo que los profesionales actuaron con negligencia y falta de cuidado médico, incumpliendo los protocolos básicos durante la atención obstétrica. Por su parte, la fiscal del caso, doctora Macri, detalló ante el tribunal los principales puntos de la acusación, centrados en el uso indebido o excesivo de medicación para inducir el parto y en la falta de monitoreo fetal continuo, prácticas que, según la investigación, resultaron determinantes para el desenlace fatal.
Los hechos que se investigan
De acuerdo con el relato de la acusación, Miranda ingresó en la clínica CEMEP para el inicio de trabajo de parto y fue atendida por los dos profesionales hoy enjuiciados.El obstetra Rodolfo Pérez habría introducido una pastilla para inducir el parto pese a que el cuello uterino “se encontraba cerrado”, generando fuertes dolores.
Más tarde, se aplicaron nuevas dosis de medicación y se administró oxitocina por vía intravenosa, incrementando la estimulación uterina.
Hacia el mediodía, la paciente manifestó sentir disminución de los movimientos fetales, y aunque el monitor fetal detectó una baja en las pulsaciones del bebé, no se dispuso de inmediato una cesárea de emergencia.
Recién horas después se decidió la intervención quirúrgica, pero el bebé ya había fallecido.
Según el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el deceso se produjo por una vasculopatía trombótica fetal, y el estudio concluyó que la falta de control fetal continuo y la administración de medicación inadecuada “no se corresponden con las buenas prácticas obstétricas”.
Además, el peritaje oficial señaló que los profesionales no contaban con habilitación para prescribir y aplicar algunos de los medicamentos utilizados durante el procedimiento.
El desarrollo de la audiencia
Durante la primera jornada del juicio, los representantes de la querella y la fiscalía coincidieron en que el caso debe servir para “visibilizar la importancia del cumplimiento de los protocolos médicos y de la responsabilidad profesional ante la vida de los pacientes”.La audiencia fue transmitida parcialmente por redes y plataformas institucionales, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.
La defensa, a cargo del doctor Ibarra, no realizó aún su alegato, lo que ocurrirá durante las próximas audiencias. Sostiene que las decisiones médicas adoptadas fueron las adecuadas y que el desenlace se debió a una complicación imprevisible, ajena al accionar profesional.
Por su parte, el doctor Velasco, en representación de la familia, adelantó que, paralelamente al proceso penal, se evalúa promover una demanda civil por daños y perjuicios que podría superar los 38 millones de pesos, monto estimado por el daño psicológico, moral y emocional sufrido por la madre y su entorno.
Testimonios y continuidad del proceso
El tribunal tiene previsto escuchar 19 testimonios, entre los que figuran profesionales médicos, enfermeras, personal administrativo de la clínica CEMEP y especialistas del área forense.Uno de los testigos fue excusado por motivos de salud, mientras que otros declararán de forma virtual desde distintas jurisdicciones.
Entre los más esperados se encuentra la doctora Aparici, perito que elaboró uno de los informes claves para la investigación judicial.
La audiencia de este miércoles estará centrada en la declaración de la madre de la víctima, considerada una instancia de gran valor testimonial y emocional para el caso. Posteriormente, el tribunal avanzará con la presentación de la prueba documental, las historias clínicas y los informes periciales complementarios que integran la causa.
Un caso que conmueve a la comunidad
El proceso judicial genera una fuerte expectativa en la comunidad médica y en la sociedad de Río Grande, tanto por el tiempo transcurrido —casi una década desde los hechos— como por la sensibilidad del caso.Familiares y allegados de la víctima acompañaron el inicio del juicio, reclamando justicia y subrayando que “el paso del tiempo no puede ser un obstáculo para conocer la verdad”.
El juicio continuará a lo largo de la semana con nuevas audiencias y se espera que el veredicto se conozca antes de fin de mes.
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