El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, doctor Juan Vicente, brindó precisiones en diálogo con FM del Pueblosobre una causa por contrabando agravado que involucra a la empresa KMG y que será elevada a juicio en la ciudad de Ushuaia.

“La etapa de investigación de la instrucción concluyó y se elevó para que se realice el juicio en la ciudad de Ushuaia en el fuero oral. Es una causa del año 2022”, explicó Vicente, quien señaló que el expediente presentó cierta complejidad debido a los numerosos planteos de la defensa, nulidades y apelaciones. “Han tenido que tomar intervención en varias ocasiones la Cámara Federal de Comodoro, pero siempre se han convalidado las decisiones que tomó la fuerza de investigación”.

El caso involucra importaciones de placas de video que simulaban ser de marcas reconocidas, pero en realidad no tenían ningún valor comercial. “El material provenía de fabricación china, simulaban ser placas de video, que no lo eran. La empresa que proveía era estadounidense, con sede en Delaware, uno de los estados utilizados como guarida fiscal en Estados Unidos”, indicó Vicente. A raíz de esa triangulación, fue necesario solicitar información a organismos tributarios de ese país para verificar la autenticidad de las facturas.

Según detalló, “la primera sospecha de la Aduana fue porque el precio era el de una placa de primera marca, pero la marca no la comercializaba nadie. En la web sólo se encontraba en una empresa llamada Pana Digital, con una web rosarina a nombre de uno de los socios de KMG”. El hallazgo despertó sospechas sobre el valor real de las placas: “Realmente trataban de inducir al engaño porque parecían placas de buena calidad pero en definitiva no servían para nada. Se habían declarado en una operación un millón trescientos mil dólares y en otra trescientos mil, pero el valor del material no ascendía a más de treinta mil dólares”.

Consultado sobre el mecanismo, Vicente explicó: “La empresa declaraba una destinación a consumo en una zona del país, accedía al mercado único de cambio con un valor preferencial, adquiría dólares oficiales para importar productos inexistentes y formaba activos en el exterior. Es decir, trasladaban esos dólares al exterior y obtenían una ganancia por esa operación”.

En ese marco, confirmó que la figura penal es contrabando agravado. “Se utilizó documentación falsa para obtener los permisos de importación, y probablemente también por el monto de la operación”, sostuvo.

Vicente destacó el rol de la Aduana en la detección de la maniobra: “Hubo un buen trabajo preventivo. Las alertas surgieron a partir de inconsistencias en la documentación presentada y se intervinieron las operaciones”. En ese sentido, consideró importante el avance del caso: “Siempre existió el mito de que se simulaban importaciones para hacerse de dólares y enviarlos al exterior. Es muy importante que se haya podido desbaratar esta operación para dar más certeza a quienes realmente hacen actividad industrial en nuestra provincia”.

Finalmente, el funcionario confirmó que todas las cajas incautadas contenían este tipo de placas falsas: “Parecían placas de video, evidentemente hubo una empresa en China que se dedicó a armar estos pedidos para inducir al engaño”.

Sobre la situación actual de la empresa investigada, aclaró: “Desconozco la situación de la firma, no hace parte de nuestra investigación la actividad anterior ni posterior a esta operación”.

También fue consultado por la posición de la jueza Mariel Borruto respecto de la causa judicial relacionada con el voto por correo de Cristina Fernández, tema que generó controversia. Al respecto, respondió: “La jueza dio su opinión, que es la misma que tuvo cuando le tocó subrogar el juzgado de Río Gallegos. No tiene competencia electoral, pero dio su opinión como lo han hecho otras instancias. Es un tema debatible, hay dos posturas y la jueza tiene una. Cuando se tocan temas con trascendencia política siempre va a haber ruido, pero tomó la decisión con su convicción y lo que entiende que corresponde interpretar de la ley y la Constitución”.

La causa se encuentra lista para ser debatida en juicio oral, instancia en la que se definirá la responsabilidad de los directivos de la firma KMG por contrabando agravado.