Durante la segunda jornada del juicio oral por homicidio culposo contra los médicos Rodolfo Guido Pérez (obstetra) y Valeria Pastori (ginecóloga), se escuchó el testimonio más esperado y emotivo: el de Carolina Ivón Miranda, madre del bebé que falleció durante el parto ocurrido el 16 de noviembre de 2015 en una clínica privada de Río Grande.

Testimonio de la madre

Miranda relató con visible conmoción los hechos de aquella jornada, que comenzaron con un parto programado y terminaron en tragedia. Su declaración incluyó un detalle que generó controversia: aseguró que el control fetal se realizó con un cono manual y no con un equipo digital, como había sostenido la doctora Pastori en su indagatoria.

Este punto será clave en la valoración del tribunal, ya que podría indicar una diferencia en los protocolos de control y monitoreo fetal aplicados durante el trabajo de parto.

Por decisión del tribunal y a pedido de la fiscal Dra. Macri, los dos médicos imputados debieron retirarse de la sala mientras declaraba la madre, a fin de evitar que su presencia la intimidara. La mujer estuvo acompañada por su esposo, Murcia, y por el abogado querellante Dr. Raúl Velasco, quien representa a la familia.

Contexto del caso

El juicio investiga la responsabilidad profesional en la muerte del bebé, diagnosticada posteriormente como vasculopatía fetal trombótica, una trombosis que, según la defensa médica, no podía preverse ni evitarse. Sin embargo, la querella sostiene que hubo falta de monitoreo adecuado y una actuación negligente en el seguimiento del embarazo y del parto.

El caso, que lleva casi una década, fue reabierto por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que debía celebrarse el juicio oral luego de analizar las pruebas reunidas durante la instrucción. Según se confirmó en la audiencia, un médico forense designado por la Corte también declarará como testigo en representación del máximo tribunal.

Aspectos civiles y económicos

Además de la causa penal, el proceso incluye una demanda civil por resarcimiento económico estimado en 38 millones de pesos, presentada por la familia de la víctima. El tribunal deberá definir, en caso de condena, si esa suma recae sobre los profesionales, la clínica o la aseguradora involucrada.

Próximas instancias

En los próximos días continuarán las declaraciones de testigos y peritos, entre ellos profesionales del CEMEP y especialistas forenses. Las audiencias buscarán establecer si existieron irregularidades en la historia clínica, diferencias en los procedimientos médicos o negligencias en el monitoreo previo al parto.

El juicio se desarrolla en los tribunales de Río Grande y mantiene una alta expectativa pública por la sensibilidad del caso y por el largo recorrido judicial que ha tenido hasta llegar a esta instancia.