La economía argentina atraviesa un nuevo pico de empleo no registrado. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, en el segundo trimestre de 2025 la informalidad trepó al 43,2% del total de ocupados y alcanzó al 37,7% de quienes trabajan en relación de dependencia. Es el nivel más alto desde 2008 (con la salvedad del segundo trimestre de 2022) y confirma un problema persistente pese a los cambios recientes en la normativa laboral.
El estudio advierte que la informalidad no crece por igual en todos los segmentos. Entre los trabajadores por cuenta propia, la incidencia llega a 62,5%; entre patrones/autónomos, a 22,2%. Por volumen, el empleo asalariado explica 63% de todo el trabajo informal, seguido por cuentapropistas (34%), patrones (2%) y familiares sin remuneración (1%).
La edad marca una brecha tajante. En el primer trimestre, la tasa de informalidad en jóvenes de 16 a 24 años fue del 63%, más de 20 puntos por encima del promedio. En el otro extremo, entre las personas de 65 años o más (60+ en mujeres), la incidencia se ubicó en 51%, delineando una “curva en U”: más riesgo al inicio y al final de la vida laboral.
La educación también pesa: con título universitario, la informalidad es del 17,1%; con nivel medio completo, 41,5%; y entre quienes no terminaron la secundaria, 64,6%. En clave de género, las mujeres exhiben tasas superiores a las de los varones en casi todos los tramos etarios, salvo entre 16 y 24 años. Combinando atributos, los hombres jóvenes muestran el peor registro (64,1%), mientras que los hombres de 45 a 65 presentan el más bajo (33,6%).
Por sectores, la Administración Pública (educación y salud) es la de menor informalidad (9%), seguida por Servicios Financieros (20,9%). En el otro extremo, Servicio Doméstico y Construcción comparten un alarmante 75,4%. El Comercio no encabeza los niveles, pero sí el peso en el universo informal: combina una incidencia superior al promedio (51,6%) con una alta participación en el empleo total (22,4%).
La consecuencia directa se refleja en los ingresos. El IIEP estima una “penalidad” promedio del 44% por ser informal: si un trabajador formal cobra $100.000, uno informal con igual perfil y puesto percibiría $56.000. Así, en el quintil más bajo de salarios, la informalidad supera el 80%; en el más alto, cae al 9%.
La precariedad se traduce en trabajo pobre: en el primer trimestre de 2025, 24% de los ocupados vivían en hogares debajo de la línea de pobreza. Entre los informales, ese porcentaje trepó al 42%; entre los formales, fue del 12%.
En el plano regional, Argentina queda en la mitad de tabla: Chile, Costa Rica y Brasil muestran tasas de 24%–32%, mientras que Ecuador y Paraguay rondan el 60%. En términos históricos, los investigadores señalan que, excluida la pandemia, la informalidad se mantuvo estructuralmente alta por 17 años.
La Ley de Bases (27.742) introdujo cambios para promover empleo registrado—eliminación de multas por no registración en casas particulares, tope indemnizatorio y opción de fondo de cese laboral—con la promesa de reducir costos y litigiosidad. Sin embargo, el efecto real sobre la creación de empleo formal de calidad aún está por verse.
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