La decisión implica un cambio de reglas: desde ahora, los institutos privados podrán definir sus precios sin pedir permiso previo al Estado nacional. El Ejecutivo argumenta que aquel sistema, concebido en los años 90, respondía a una estructura centralizada que perdió vigencia cuando la administración educativa se transfirió a las provincias.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que la intervención sobre aranceles “limitaba la capacidad de adaptación” de las escuelas frente a variaciones de costos y a la volatilidad económica. Según esa mirada, la exigencia de anticipar montos y obtener autorización terminaba empujando a los colegios a sobreestimar cuotas por temor a no poder cubrir gastos luego.

El texto oficial también invoca el derecho de propiedad y la libre contratación para que los establecimientos definan condiciones, salarios y políticas de precios “en un marco de competencia leal”. A la vez, advierte que la rigidez previa podía afectar la calidad si impedía ajustar a tiempo insumos, sueldos y otras erogaciones.

La medida incluye una segunda instrucción: el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, deberá revisar el Decreto 2542/1991, eje del financiamiento de la educación privada, y elevar propuestas de modificación. La intención oficial es orientar el esquema hacia un modelo de libre fijación de aranceles, con mayor flexibilidad para las instituciones y reglas compatibles con la demanda del mercado.

Desde la Casa Rosada se afirma que el levantamiento del control de precios beneficiará a las familias al evitar “pisos altos” al inicio del ciclo lectivo. Críticos de la desregulación, en cambio, advierten que la ausencia de topes nacionales podría encarecer la oferta en ciertos segmentos. El nuevo escenario deja en primer plano el rol de las provincias y los mecanismos de transparencia que cada jurisdicción adopte para acompañar la transición.