El Gobierno nacional oficializó este lunes la puesta en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina. La normativa fue promulgada mediante el Decreto 138/2026 y publicada en el Boletín Oficial durante la madrugada, introduciendo cambios significativos en el tratamiento judicial de adolescentes que cometen delitos.

Entre los puntos centrales de la reforma se encuentra la reducción de la edad de imputabilidad penal, que pasa de los 16 a los 14 años. A su vez, la norma incorpora un sistema de sanciones graduadas que contempla tanto la edad del menor como el contexto en el que ocurrió el hecho delictivo, con el objetivo de adaptar las medidas a cada situación particular.

El proyecto había sido aprobado por el Congreso luego de un intenso debate político durante las sesiones extraordinarias. En el Senado, la iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra, consolidando el respaldo de sectores aliados al oficialismo y convirtiéndose en uno de los principales triunfos legislativos del Gobierno en materia de política criminal.

La reforma también establece nuevas herramientas dentro del sistema penal juvenil, que incluyen desde sanciones alternativas —como servicios comunitarios o restricciones de contacto con la víctima— hasta penas de mayor gravedad para delitos como homicidios, robos violentos o secuestros. En esos casos, la pena máxima podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

Originalmente, el Ejecutivo había propuesto fijar la edad mínima de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, durante el debate parlamentario se modificó ese punto como parte de una negociación con bloques opositores dialoguistas, que impulsaron elevar el límite a los 14 años para alcanzar un mayor consenso político.

De acuerdo con legisladores que acompañaron el proyecto, el nuevo esquema busca modernizar el sistema vigente —basado en una ley de 1980— y acercar la legislación argentina a la de otros países de la región que ya fijan la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años.