La abogada Natalia Dafonseca cuestionó públicamente el desarrollo del concurso para designar al próximo Defensor Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Tierra del Fuego y aseguró que el procedimiento estuvo atravesado por presuntas irregularidades. La postulante, que fue excluida del listado de admitidos, afirmó que cumplió con los requisitos exigidos y pidió la intervención de la política y la Justicia.

En diálogo con Radio Provincia, Dafonseca sostuvo que su exclusión no fue debidamente fundamentada. Según explicó, tomó conocimiento de la decisión el 16 de junio a través de redes sociales, donde se publicó una planilla en la que figuraba como no admitida por no acreditar residencia en la provincia ni formación profesional o experiencia vinculada a la temática. “Eso es completamente falso”, remarcó.

La abogada indicó que presentó la documentación requerida el 2 de junio, tanto en formato papel como por correo electrónico, tal como establecía el reglamento del concurso. En ese sentido, señaló que vive en Tierra del Fuego desde siempre, que es oriunda de Río Grande y que recientemente se trasladó a Ushuaia. También recordó que es abogada egresada de la UCES, con título digital verificable mediante firma digital, código QR y registro oficial de graduados.

Tras conocer la exclusión, Dafonseca se presentó en la Legislatura para pedir explicaciones. Allí solicitó acceder al expediente, conocer el acto administrativo que respaldaba el listado de admitidos y no admitidos, recibir una fundamentación concreta sobre su caso y que se revisara nuevamente la documentación presentada. Sin embargo, aseguró que solo recibió una respuesta general mediante correo electrónico, acompañada por el Acta Nº 5.

La postulante cuestionó que la comisión no haya considerado toda la documentación enviada por mail, pese a que esa modalidad era obligatoria. Además, denunció que el 22 de junio volvió a la Legislatura para ver el expediente completo, pero solo le entregaron cinco actas y le negaron el acceso al resto de las actuaciones. También afirmó que no le permitieron dejar constancia formal de esa negativa en un libro de actas.

Uno de los puntos que Dafonseca consideró más grave surge del Acta Nº 3, fechada el 5 de junio. Según relató, allí se habría dispuesto que empleados legislativos llamaran a determinados postulantes para que completaran documentación respaldatoria durante un plazo adicional de cuatro días. La abogada aseguró que ella nunca fue notificada de esa posibilidad y sostuvo que ese beneficio no se extendió a quienes finalmente quedaron fuera del concurso.

Para Dafonseca, esa situación vulneró el principio de igualdad entre los aspirantes. Señaló que, por un lado, se rechazó la posibilidad de revisar su exclusión con el argumento de no afectar la igualdad del proceso, pero por otro se habría permitido que algunos candidatos completaran documentación fuera del plazo inicial. “Para mí esto es un fraude. Nunca existió realmente el concurso”, afirmó.

Finalmente, la abogada pidió que las instituciones provinciales investiguen lo ocurrido y reclamó respuestas claras sobre el procedimiento. “Le pido a la política y a la Justicia que, por respeto a la sociedad y a todos los postulantes, se hagan cargo de lo que estoy diciendo”, expresó.