En el marco del debate legislativo por la situación salarial del sector docente en Tierra del Fuego, la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, manifestó su postura respecto al proyecto presentado por el gremio SUTEF, que propone un nuevo esquema de financiamiento a través de mayores cargas tributarias sobre sectores específicos de la economía fueguina.

La propuesta, actualmente en análisis por distintos bloques parlamentarios, busca establecer un salario mínimo docente cercano a los 1,9 millones de pesos, además de contemplar recursos para infraestructura escolar y la denominada “mochila pedagógica”. Según explicó Graciania en diálogo con Radio Provincia, el financiamiento se basaría en una suba de impuestos ya existentes, aplicados a actividades como los servicios de navegación, hidrocarburos, tierras improductivas y el rubro deportivo.

Durante una reunión de comisión, autoridades del Ministerio de Economía informaron que el gasto mensual en salarios docentes alcanza los 23 mil millones de pesos, y que de aplicarse el nuevo esquema, esa cifra se duplicaría. A su vez, estimaron que la recaudación esperada a partir de los tributos propuestos rondaría entre 5.000 y 7.000 millones de pesos mensuales.

En ese contexto, Graciania sostuvo que este tipo de medidas “deben evaluarse en el marco de la negociación paritaria entre el Ejecutivo y el gremio”. También expresó que otros sectores sindicales han manifestado inquietud en caso de aplicarse un aumento específico solo para el ámbito docente.

La legisladora expresó su visión sobre el rol de la Legislatura en estos debates y subrayó la importancia de buscar alternativas sustentables que no impliquen mayor presión fiscal. En ese sentido, destacó que cualquier medida en este sentido debe considerar los recursos existentes, la planificación a largo plazo y la sostenibilidad del sistema.

Por último, mencionó que propuestas similares han surgido respecto a la obra social OSEF, donde también se analizan esquemas de financiamiento complementario. En todos los casos, sostuvo Graciania, “es necesario buscar consensos amplios y soluciones integrales para garantizar la continuidad de los servicios”.