Indudablemente el régimen de promoción de la ley 19640, permitió que Tierra del Fuego, un Territorio Nacional, cuya población en 1972 (13.000 habitantes) era mayoritariamente extranjera, se convierta en una Provincia, con mayoría de habitantes argentinos, y en constante desarrollo y evolución.

Ahora bien, regímenes similares en otros países, dieron origen también a la instalación de plantas terminales electrónicas que inicialmente importaban el 100% de los componentes de terceros países. Pero con el correr del tiempo se fue desarrollando la industria de partes y piezas en cada uno de estos. Consolidándose así un polo de desarrollo industrial tanto en Taiwán, como en Hong Kong y Corea del Sur.

En Tierra del Fuego, a más de cuarenta años de haberse iniciado la radicación de plantas fabriles al amparo del régimen de promoción, la industria de partes y piezas nunca se desarrolló. Por un lado debido a que nunca se planteó esto como objetivo, desde los distintos gobiernos de turno. Y por otro por la inexistencia de interés por parte de posibles inversores para nada atraídos, pese a los incentivos, debido la inestabilidad en lo relativo a la continuidad del régimen, que comenzó a recibir embates desde que se instalaron las primera plantas en 1977.

Mucho se habla hoy del cambio de la matriz productiva de Tierra del Fuego, de forma tal de no depender de la importaciòn de materias primas importadas del exterior, sino de los recursos naturales disponibles. Pero esto llevaría no menos de 10 o 20 años. No de un día para otro la Isla se podría transformar en un polo petroquímico, pesquero, o maderero, de tamaño tal de albergar 200.000 o 300.000 habitantes en la Provincia, con trabajo estable en el ámbito industrial y comercial, y sin depender del Estado como generador de empleo.

Por supuesto que este es un camino que debemos transitar, pero sin desactivar la actual estructura industrial que genera empleo genuino, y que seguramente se puede mejorar.

La continuidad del régimen, tal como lo hace Brasil en Manaos, se debe resolver desde la política, sin que influyan otros intereses, en especial las cámaras de importadores, viejo enemigo de la producción nacional.

Para ello es necesario hacer un aporte clarificador respecto del mito del costo fiscal. Es común encontrar en algunas publicaciones cálculos de costos fiscales presuntos por valores de hasta 600 millones de dólares anuales. Es una práctica corriente por parte de algunos funcionarios nacionales, al momento de hacer estos cálculos, soslayar los emergentes de la operatoria, que generan ingresos al fisco, a saber, Ingresos Brutos, Tasas y Contribuciones Municipales y Provinciales. También se comete el error al realizar el cálculo, incluir los aranceles de importación de materias primas no tributados, sin atender que tal beneficio es neutro si el producto lo puede proveer Brasil

desde Manaos, a 0% de arancel de importación.

Para tener una idea cabal de cual es en realidad el costo fiscal, del régimen fueguino, hay que imaginar el escenario alternativo. Es decir, si no hay promoción, en Tierra del Fuego, el mercado interno se abastecería de productos electrónicos importados, seguramente desde Manaos, con la consiguiente erogación de divisas, y por ser integrante del Mercosur le permite a Brasil ingresar sus productos en nuestro

País, como intrazona, es decir sin la obligación de pagar aranceles de importación. Solo se pagaría IVA y Ganancias, pero su impacto no sería el que suponen muchos, porque al desaparecer la actividad industrial en Tierra del Fuego, la provincia perdería el 30% de sus ingresos tributarios, ya que las fábricas no generarían los impuestos por ingresos brutos correspondientes a su actividad, como tampoco aportarían lo correspondiente a las tasas Provinciales y Municipales que normalmente abonan, las que son proporcionales al la producción realizada.

Además de perder también la Provincia los fondos que normalmente recauda en concepto ingresos brutos producto del consumo en Tierra del Fuego por parte de los empleados fabriles, consumo que al caer, impactaría fuertemente en la actividad comercial, que indudablemente terminaría endeudada y sin perspectivas.

Entonces, no existiendo fuentes alternativas de trabajo, los desocupados, que no solo serían los ex empleados fabriles sino que también muchos empleados de comercio, cuentapropistas, emprendedores mono tributistas, etc, pasarían a formar parte de los consabidos planes nacionales, además de que el tesoro Nacional debería soportar financieramente a la Provincia con aportes ATN, además de contribuir con fondos para paliar el déficit originado en el ANSES por la falta de aportes a la seguridad social, por parte de las empresas que no estarían más y de los ex empleados que ya no lo serán más. Por lo que, el costo fiscal disminuiría algo pero no como se imaginan. Estudiando a fondo este tema, entre todos los actores involucrados, seguramente se podrá mejorar el esquema actual. Lo que no debe hacer el Gobierno Nacional, es seguir con idas y vueltas y sin definirse, ya que para el 2023 faltan solo dos años. De no mediar una rápida acción, se dejará abandonada a su suerte a esta Joven Provincia y a los argentinos que desde otras provincias fueron atraídos por la promesa laboral, se afincaron, contribuyeron a su crecimiento, a través de los últimos 40 años fueron integrándose al paisaje fueguino, y hoy podemos decir que son parte de su historia.

(*) Enrique ‘Quique’ Schoua es pionero, gran conocedor e impulsor de la industria fueguina a lo largo de más de 40 años. Integra el Movimiento Nacional de la Militancia Radical Tierra del Fuego.