Manfredotti se sumó a la lista de los tres ex gobernadores provinciales (de los seis que cumplieron esa función en la historia institucional) que litigan o litigaron contra el organismo previsional. Los otros dos son José Estabillo (gobernador entre 1991 y 1999) y Fabiana Ríos (mandataria entre 2007 y 2015), es decir que la mitad de los gobernadores de la provincia terminaron entablando juicios contra la caja jubilatoria.

El ex gobernador de la provincia, Carlos Manfredotti, obtuvo un fallo favorable en un “amparo por mora” presentado ante el Superior Tribunal de Justicia para que el gobierno de la provincia conteste un recurso administrativo sobre su pedido de que la Caja de Jubilaciones le referencie su haber con el sueldo de un senador nacional.

Según el criterio del ex presidente del Partido Justicialista. el haber jubilatorio que cobra debe ser referenciado al sueldo de un senador nacional (cargo que ejerció entre 1995 y 1999).

El argumento es que ese fue el mejor salario que cobró en los 10 años anteriores a su jubilación (120 meses según la ley vigente entonces). Por otra parte, cita el antecedente de un fallo del STJ que consideró el cargo de senador como representante de la provincia, ya que en su momento eran funcionarios elegidos por la legislatura provincial, y no por el voto directo de la ciudadanía.

Las autoridades previsionales le denegaron el pedido en varias oportunidades, al considerar que al momento del cómputo el mejor sueldo que había percibido era el de gobernador, y no el de senador nacional. El ex gobernador sostiene que ello no es así, porque a la dieta de senador se le debe agregar lo que percibía en concepto de adicionales, como pasajes de avión o de ómnibus.

El ex gobernador busca así evitar que su jubilación se referencie con el haber del gobernador en ejercicio, por dos motivos. Primero porque un senador tiene un sueldo más alto, y segundo porque la actual gobernadora Rosana Bertone congeló su propio sueldo a fines de 2017, lo que repercute en las jubilaciones de los ex gobernadores referenciadas a ese haber.

No es la primera vez que Manfredotti recurre a la vía judicial por temas previsionales, también tuvo que hacerlo para acceder a su jubilación, que la caja le negó durante varios años con el argumento de que no cumplía con el requisito de los aportes mínimos.

En este punto, el punto de desacuerdo también eran sus cuatro años como senador. Recién en 2015, cuando un fallo del Superior Tribunal definió que esos años debían computarse como aportes provinciales (por el tema de la designación indirecta realizada por la Legislatura) el ex Ipauss se vio obligado a concederle el alta jubilatoria, por imperio de la llamada “ley de los 25 inviernos” que requería 25 años de aportes al sistema y una edad mínima de 50 años.

Manfredotti no solo accedió a la jubilación, sino que también ganó un juicio millonario (se estima que de unos $10 millones) por los años en que debió estar jubilado y la caja no se lo permitía.

A ello hay que sumarle que durante su mandato se puso en vigencia un régimen de jubilación anticipada a través de la ley 460, que permitió el retiro de numerosos funcionarios, la mayoría ex jueces y funcionarios judiciales, con apenas cinco años de aportes al sistema. Esa norma causó graves perjuicios al régimen previsional y produjo que los ex magistrados cobren jubilaciones altas de por vida, como el caso emblemático del ex juez del Superior Tribunal Tomás Hutchinson, quien percibe la mayor jubilación fueguina y además litiga contra la caja cobrar todavía más.

En los demás casos:

El caso de Estabillo se hizo público a comienzos de este mes, a partir que también demanda a la Caja ante el Superior Tribunal de Justicia. Pide que se declare inconstitucional el decreto de Bertone de 2017 que congeló su sueldo. Y que se le devuelvan, con intereses, los montos de los haberes previsionales que no le fueron abonados por la aplicación de esa medida. La causa todavía no fue resuelta por la Justicia.

En cuanto a Fabiana Ríos, también le ganó una demanda al organismo previsional, derivada de la vez que fue cesanteada como farmacéutica del ex Instituto de Servicios Sociales en 1996.  Como la medida no tenía fundamentos, la justicia hizo lugar años más tarde a un “daño moral” en favor de la ex mandataria, quien en 2013 cobró “en tres cuotas” el monto de esa indemnización, estimada en unos $750 mil más los honorarios de su abogada patrocinante, Verónica Muchnik, hermana del juez de la Corte Javier Muchnick y socia en el estudio jurídico de Guillermo Aramburu, entonces ministro jefe de gabinete, según informó el portal Sur54 el 13 de noviembre de 2013.