La precarización del empleo entre los jóvenes continúa siendo uno de los problemas más alarmantes del mercado laboral argentino. Según datos recientes del INDEC, más del 60% de las personas menores de 29 años se encuentran trabajando en condiciones informales, lo que representa casi 6 de cada 10 jóvenes sin acceso a derechos laborales básicos. En este contexto, la ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, analizó la situación en diálogo con FM Del Pueblo.

El panorama general indica que el 42% de los trabajadores argentinos están en negro. Sin embargo, hay sectores con niveles críticos de informalidad: el empleo doméstico alcanza un 77%, la construcción un 76,6%, hoteles y restaurantes un 63,2% y el comercio supera el 50%. “Estos números reflejan una distorsión del sistema laboral, especialmente en momentos de crisis donde las normas establecidas empiezan a desdibujarse”, explicó Castiglione.

La funcionaria sostuvo que no se trata de responsabilizar a las empresas, ya que muchas veces las pymes deben recurrir a acuerdos informales para mantener su funcionamiento ante los altos costos laborales. “Las empresas necesitan producir y los trabajadores necesitan ingresos. Ese acuerdo fuera de la ley se da por necesidad de ambas partes, pero no debería pasar”, expresó.

Castiglione también advirtió sobre una desconexión entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. En ese sentido, señaló que los jóvenes enfrentan dificultades para integrarse al empleo formal debido a la falta de preparación en habilidades blandas. A través del programa PROCEL, el Ministerio busca capacitar en aspectos como la puntualidad, la comunicación y la responsabilidad, elementos que suelen estar ausentes en la formación escolar.

Además, cuestionó la falta de claridad en ciertas normativas laborales, especialmente en lo referido a figuras como monotributistas o colaboradores. “Las empresas no tienen certezas sobre cómo proceder, y ante la posibilidad de pagar menos, optan por relaciones no formales. Esto perjudica al trabajador y desnuda vacíos legales que deben resolverse”, señaló. También remarcó la escasa actividad del Consejo Federal del Trabajo, que solo se reunió dos veces en el último tiempo.

Sobre los controles, la ministra explicó que existen dos mecanismos de fiscalización: uno responde a denuncias individuales o sindicales, que se atienden en un plazo de 48 horas hábiles, y otro se realiza de oficio, a partir del relevamiento de empresas. Las inspecciones incluyen pedidos de documentación y, en caso de infracciones, se abren sumarios y se aplican sanciones.

“La gran mayoría de las denuncias que recibimos son por empleo no registrado. Estamos trabajando para actualizar la Ley 90 del Ministerio de Trabajo y digitalizar procesos, como la rúbrica del libro de sueldos, junto a ARCA. Esto busca reducir costos administrativos y facilitar el cumplimiento para las empresas”, concluyó Castiglione.

La informalidad laboral, especialmente en las generaciones más jóvenes, sigue siendo uno de los mayores desafíos del sistema productivo argentino. Mientras tanto, la falta de controles efectivos, la ambigüedad normativa y la debilidad de políticas nacionales profundizan un problema que exige soluciones urgentes.