El próximo 5 de agosto se cumplirán 19 años del asesinato de la pequeña Agustina Varela, un caso que conmocionó a la provincia en 2006 y que, a casi dos décadas, continúa sin una sentencia definitiva.

El abogado querellante, Francisco Ibarra, expresó en declaraciones a FM Fuego su indignación por la falta de resolución judicial. “Es inadmisible que a esta altura no tengamos un fallo firme. Han pasado dos juicios orales, múltiples apelaciones y lo cierto es que Lucas Gómez, acusado del homicidio, sigue en libertad”, advirtió.

En el primer debate oral, Gómez —quien era pareja de la madre de Agustina al momento del hecho— resultó absuelto bajo el beneficio de la duda, debido a supuestas contradicciones en las pericias médicas. Esa decisión fue luego anulada por el Superior Tribunal de Justicia, que determinó que no existían tales contradicciones y ordenó un nuevo juicio.

El segundo proceso, sin embargo, concluyó nuevamente en una absolución, esta vez por dudas en el testimonio de una niña de 11 años que declaró como testigo. Pese a ello, uno de los jueces, el doctor López Tilli, votó en disidencia y sostuvo que el acusado debía recibir una pena de 17 años de prisión.

En 2017, el Superior Tribunal resolvió condenar a Gómez a 15 años de prisión por homicidio simple. No obstante, la sentencia nunca quedó firme debido a recursos presentados por la defensa que hasta hoy permanecen sin respuesta. “Desde 2023 el expediente no registra avances. El último pronto despacho lo presentamos en mayo y aún no contestaron. La demora vulnera tanto los derechos de la víctima como los del imputado”, señaló Ibarra.

El letrado subrayó la gravedad del caso: “Estamos hablando de una niña que murió violentamente, con lesiones internas que le provocaron un sufrimiento espantoso. Han pasado quince años sin justicia. La madre, los abuelos, la comunidad entera merecen una respuesta”.

Aunque evitó especular sobre las razones de la demora, fue categórico: “El hecho ocurrió en 2006, estamos en 2025 y el culpable sigue libre, sin una condena firme. Eso no puede ser aceptado en un Estado de derecho”.

Finalmente, Ibarra remarcó que la resolución de la causa no solo significaría justicia para la familia de Agustina, sino también una definición necesaria para el propio imputado. “Es indispensable que se cierre este capítulo. La madre necesita el consuelo de saber que el responsable está preso, los abuelos merecen esa certeza, y también Gómez tiene derecho a que su situación se defina de una vez por todas”.