El abogado Paulino Rossi, representante legal de más de 60 familias afectadas por una millonaria estafa en un emprendimiento inmobiliario en la ciudad de Río Grande, aseguró que el caso podría constituir una de las estafas más grandes en la historia de Tierra del Fuego. Según explicó en declaraciones públicas, el expediente penal ya cuenta con numerosas actuaciones, y el proceso se encuentra a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones para avanzar con las indagatorias a los imputados, entre quienes figuran excomisarios que formaban parte de la administración de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía, así como empresarios privados.

“Estamos dentro de los plazos procesales lógicos de la justicia, aunque la ansiedad por avanzar es comprensible. La citación a indagatoria ya estaba fijada para marzo, pero los imputados apelaron y estamos a la espera de que la Cámara resuelva”, explicó Rossi. El letrado advirtió que mientras el expediente avanza lentamente, la situación de las víctimas sigue siendo crítica: “Son 60 familias que pagaron en tiempo y forma por terrenos que nunca recibieron. El único objetivo fue quitarles el dinero bajo la apariencia de una operación legal”.

Según detalló el abogado, si se calcula el valor actualizado de los terrenos —estimado en al menos 20.000 dólares cada uno— el perjuicio total supera el millón doscientos mil dólares. “No se trató de un error o de un mal negocio. Hubo engaños, hubo maniobras deliberadas, y hubo una estructura montada para estafar a la gente”, enfatizó.

Rossi también vinculó este caso con otras situaciones irregulares que comprometen a la Caja de la Policía, como el caso de un importante emprendimiento comercial en Ushuaia que funciona desde hace más de una década. “La Caja puso millones para adquirir ese inmueble como inversión a futuro, pero el inmueble está en manos de un privado que lo explota comercialmente desde hace más de diez años sin que la Caja haya recibido un solo peso. Y ese mismo privado está vinculado a esta causa. Hay una red de favores, de intereses cruzados, y de impunidad que debe terminar”, afirmó.

El abogado fue enfático al señalar que la Caja policial debe asumir la responsabilidad por ser el titular dominial de los terrenos, pero aclaró que el objetivo es que la carga económica no recaiga en la institución previsional ni en el Estado, sino en los verdaderos responsables. “Los que tienen que pagar son quienes idearon y ejecutaron esta estafa: excomisarios que manejaban la caja y empresarios que hoy tienen propiedades y bienes. Son ellos quienes deben resarcir a las víctimas”, sostuvo.

En este contexto, Rossi cuestionó el estado financiero de la Caja, al señalar que si bien tiene activos, su problema actual es de liquidez: “No es una crisis económica, es una crisis financiera producto del desmanejo de fondos que debían estar destinados al pago de jubilaciones. Hoy la Caja no puede cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma porque los recursos fueron utilizados para negocios privados”.

El abogado también hizo una analogía con causas nacionales: “Así como vemos a exfuncionarios que deben devolver millones por obras públicas irregulares, en este caso se deben buscar mecanismos para que los autores del daño restituyan lo que les quitaron a las familias. No se puede permitir que el pago se dilate eternamente mientras las víctimas siguen esperando justicia”, expresó.

Finalmente, Rossi instó a la administración actual de la Caja a documentar formalmente el perjuicio y a iniciar las acciones necesarias para recuperar los fondos: “Cumplir con las víctimas no puede depender de que los responsables reconozcan el daño. Hay activos que respaldan, hay pruebas contundentes, y hay obligaciones legales que cumplir. Esta situación debe resolverse con justicia y con celeridad”.

El expediente se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones, y una vez resuelta esa instancia se espera que la causa avance con nuevas medidas procesales. Entretanto, las víctimas —muchas de ellas familias que pusieron sus ahorros en estos terrenos— siguen esperando respuestas y restitución por un perjuicio que ha afectado su estabilidad y su derecho a la vivienda.