Leticia Hernández, presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V), habló sobre la situación particular de una familia que hace días atrás manifestó haber comprado un terreno en el barrio 10 de noviembre, y que poco después de comenzar a construir, fueron desalojados por la entidad.

Cabe recordar que la vecina hizo una denuncia pública por la compra de un terreno en la zona de las chacras de la Margen Sur, asegurando que fueron estafados. Sin embargo, Hernández indicó que el desalojo no fue sin previo aviso tal como se habría manifestado, de forma tal que dicho predio, responde a parte del plan de regularización y reordenamiento urbanístico del sector que lleva adelante el IPV.

“Hay que remarcar primeramente que no fue sin previo aviso, la vecina hace más o menos 27 días que empezó a construir un contrapiso, donde ahí ya habíamos hecho posesión por denuncia de los propios vecinos”, dijo Leticia Hernández, en declaraciones con Minuto Fueguino.

En ese sentido, ya se le habría manifestado que cesen de la construcción, “explicamos que ese predio pertenecía al IPV y que responde a la regularización que estamos haciendo para el reordenamiento territorial de la cual ya hay familias asignadas”, indicó.

“El mismo día estábamos en una reunión en el barrio el Mirador donde nos comentan que había una usurpación, cuando fuimos era la misma familia ya construyendo la estructura de madera. No pararon hasta que techaron pensando que no íbamos a seguir actuando”, detalló la funcionaria.

Mediante una conversación se llegó a un acuerdo para desalojar el lugar, “llegamos a un acuerdo de que la íbamos a desarmar nosotros, después nos hicieron parar porque necesitaban una orden judicial cuando no es así, porque la situación no trascendió, si hubiera sido así perdía la condición de buena conducta que es una de las consecuencias de cuando se actúa judicialmente si no se llega a buen término”.

En dialogo con este medio, la vecina manifestó que adquirió el predio de buena fe, en tal sentido Hernández precisó: “le pedimos el comprobante de compra venta o la transferencia a la cuenta, porque también tenemos que investigar quién está vendiendo para hacer la denuncia, pero la verdad es que no hizo entrega de nada. Porque la idea también era poder ayudarla con el cuerpo legal por si tenía alguna demanda en relación a recuperar su dinero”.

Ante este tipo de situaciones, detalló cómo se actúa de manera general, “si no se llega a un buen dialogo, nos obligan a realizar una denuncia que después trasciende a una denuncia penal que los puede perjudicar en un futuro acceso. En este caso la invitamos que se inscribiera porque no lo estaba, que es lo mínimo, le preguntamos también si estaba anotada en Tierras Fiscales del Municipio, tampoco”.

“Entendemos toda la situación que por cierto es bastante dolorosa, pero en el medio también está la estafa de quienes se aprovechan de las situaciones vulnerables, pero nosotros lo mínimo que pedimos es que por favor la gente se inscriba. Tenemos situaciones de relocalización, de aproximadamente 12 familias, teníamos 15 y pudimos relocalizar tres porque tuvimos otra usurpación la semana pasada donde pudimos llegar a un acuerdo y las dos personas masculinas que habían armado algo se terminan retirando”, cerró.