El secretario de Energía de la provincia, Moisés Solorza, hizo un análisis de la decisión tomada por la Secretaria de Energía de la Nación, que dispuso que el consumo de electricidad de la actividad de minado de criptomonedas, no cuente con subsidios del Estado nacional, y fijó una tarifa casi cuatro veces mayor a la que estos usuarios venían pagando en función del alto consumo.

De manera conjunta a la decisión nacional, la provincia ha encarado una revisión general sobre este tema con el objetivo de regularizar la actividad dentro de los segmentos de grandes consumidores; “A mi criterio no está siendo administrada de una manera razonable, con una estrategia provincial”, declaró Solorza a Minuto Fueguino.

La medida se formalizó por medio de la resolución 40/2022, publicada en el Boletín Oficial, debido a que esta actividad presenta un perfil de consumo caracterizado por su intensidad eléctrica.

“Uno de los modelos implementados por la gestión anterior de Rosana Bertone, tuvo uno de sus ejes principales es la instalación de la criptomineria en Tierra del Fuego. Uno de los casos más resonantes fue en la ciudad de Ushuaia con lo que fue Patagonia Hash en donde se han puesto galpones destinados directamente a la criptomineria”, remarcó Moisés Solorza

Sobre el ejercicio de la criptomineria dijo, “es una actividad que no está todavía declarada como una actividad industrial, sino que más bien es un proceso que se instalan computadoras para descifrar algoritmos que tienen un valor una vez que están descifrados, lo que se denomina, la minería de criptomonedas y a su vez esto genera un consumo extraordinario de energía eléctrica”.

Cabe mencionar que la resolución nacional, refiere específicamente a los usuarios de minado de criptomonedas del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstf), uno de los destinos más buscados por los interesados en instalar granjas de producción cripto, debido a que sus condiciones climáticas evitan la instalación de equipos de refrigeración de costos elevados.

En esa línea, destacó: “Tierra del Fuego tiene un clima absolutamente propicio para disipar todo el calor que generan estos equipos y además tiene componentes que son claramente muy atractivos: que son el costo de la energía eléctrica para este tipo de emprendimiento, con la casi nula generación de empleo de la misma”.

Según Solorza, se trata de “un combo realmente inaceptable”, al considerarse que ello resultaría inequitativo con las categorías que pagan el costo pleno de abastecimiento. “Esta situación habría que resolverla en función del interés de los vecinos, porque en definitiva se hacen de todos estos beneficios, más los impositivos, más lo de importaciones de este tipo de equipamientos, consumiendo grandes cantidades de energía, administradas de una manera irresponsable a mi criterio por parte de las prestadoras de los servicios, que tienen en el caso de Rio Grand hoy, a la generación al límite por haber vendido toda la capacidad de generación existente. Sin dejarle la posibilidad, por ejemplo, al Estado para administrar estratégicamente estas factibilidades, como puede ser a procesos productivos que den mayor empleo o el hospital, una escuela, etcétera”.

“Por la disponibilidad de pago y la rentabilidad de la actividad, se considera oportuno que estos usuarios afronten el pago del precio de la energía equivalente al costo de abastecimiento, siendo inequitativo que abonen el precio de un usuario residencial u otro”, advirtió la Subsecretaria de Energía Eléctrica a Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, mediante la solicitud de un informe que dé a conocer , “los nuevos consumos vinculados a la actividad”, con el objeto de “realizar una evaluación de la demanda actual y futura”.

Tarifa eléctrica: hacia una administración efectiva en Tierra del Fuego

Asimismo, el Gobierno eliminó subsidios por $ 14.800 millones a las grandes industrias y comercios, que tendrán un aumento de 19% en el costo de la energía eléctrica a partir de este mes.

Para la audiencia pública del jueves 17, Energía someterá a debate un nuevo cuadro definitivo, en el que podría aumentar los precios estacionales para hogares y proponer una segmentación, para que el Estado nacional tenga un ahorro fiscal en subsidios.

Con todo, para los usuarios residenciales el precio de referencia de la energía es de $ 1764 por megavatio-hora (MWh); para los no residenciales es de $ 2025; para los grandes usuarios alcanza los $ 8080 y para los grandes usuarios que bridan servicios de Salud y Educación es de $ 2911.

En tanto, para quienes desarrollen la actividad de minado de criptomonedas en Tierra del Fuego, el valor se ubica entre $ 4804 y $ 5126.

“Hay situaciones que son claramente desvíos que el Estado debe hacerse presente y una de esas son las tarifas, porque tampoco era justo que el Estado Nacional subsidie la tarifa eléctrica y los que están dedicados a la criptomineria paguen el mismo costo en relación a lo que paga un usuario común que no tiene ningún tipo de rentabilidad sobre lo que está haciendo”, sostuvo el funcionario.

Manifestando “una ausencia total de reglas claras del Estado” y que ahora se empezaría a revertir. “El Estado no puede seguir financiando a este tipo de emprendimientos para la especulación financiera virtual, subsidiado por el Estado Nacional que somos todos. Hay que acompañar este tipo de decisiones que a mi criterio se podría trabajar sobre impuestos a la renta sobre este tipo de actividades, a impuestos que financien obras en barrios y trabajar en conjunto por una rentabilidad razonable”, insistió.

Por eso, una de las alternativas que se trabaja desde la provincia con la Secretaria de Energía de la Nación, es, “tratar de empadronar cuales son las empresas que están dedicadas a esto y trabajar en función a ello. A partir de ahí poder decir, se le va a quitar todo subsidio que tenga, porque la idea de los subsidios a la energía eléctrica, no es justamente destinarlo a un proceso productivo de estas características, sino más bien a la implementación de procesos productivos que den mano de obra, agregado de valores, etcétera”.

Al ser consultado por un estimativo de empresas registradas en la provincia, el funcionario respondió: “según los informes de las propias distribuidoras, tanto de la Cooperativa Eléctrica como la DPE (en Ushuaia) son pocos realmente, pero tienen grandes consumos. Todos sabemos de qué hay un problema justamente con algunos domicilios que están destinados claramente a la criptomineria, hay mini minerías que venden los aparatos para que puedan en tu casa instalarlo y eso no es una actividad comercial declarada”.

De tal forma que se buscara identificar también a “las pequeñas iniciativas” entre usuarios residenciales. “Digamos, hay galpones tanto en la Margen Sur, como hay vendedores que se ofrecen a traer esos equipos e instalarlo, poniendo también un alto consumo en domicilios que históricamente han tenido una curva y pasan a tener picos extraordinarios de consumo, que van a hacer detectados porque es una actividad que también merece estar en el ojo del análisis”.

“Lo cierto es que hay empresas que han pedido enormes factibilidades que podrían iluminar varios barrios de nuestra ciudad en lugar de tener un galpón dedicado a eso, por eso el rol del Estado es absolutamente clave para poder determinar cuál es estratégicamente la administración del recurso, la factibilidad no puede estar en mano por ejemplo como sigue estando en este momento, de la Cooperativa eléctrica como de la DPE que son empresas que venden energía”. sumó Solorza.

“Por lo menos desde que asumimos nosotros y que se está empezando a revertir esto, no existe un criterio estratégico de la administración por los cuales, las factibilidades las administre el Estado provincial y que de forma estratégica esas factibilidades de manera razonable vaya a por ejemplo, alimentar los barrios y las subestaciones de los barrios que más necesitan, que el Estado pueda destinar esos recursos a un hospital a una escuela, a una planta de residuos que hoy están al límite”, cerró.