La controversia por el manejo de las Termas del Río Valdez sumó un giro clave: la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió abrir el expediente para revisar el planteo de la firma privada que venía explotando el complejo. La decisión reintroduce incertidumbre en un conflicto que arrastra décadas y que ya había tenido un pronunciamiento fuerte a nivel local.

Hasta aquí, el escenario había quedado marcado por el aval del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que ratificó la potestad del Municipio de Tolhuin sobre el predio. Sin embargo, el ingreso del caso al máximo tribunal nacional vuelve a poner en discusión la validez de lo actuado y el modo en que se ejecutó el desalojo administrativo sobre el emprendimiento.

La novedad fue confirmada por Miguel Febre, patrocinante de Roanmat S.R.L., quien sostuvo que la revisión federal modifica el tablero y obliga a examinar con lupa la legalidad del procedimiento que llevó adelante la gestión local. Desde la empresa entienden que, con este paso, se abre una instancia para replantear todo el proceso.

En el centro del reclamo privado aparece la idea de que el desarrollo del complejo se sostuvo con inversión exclusiva de la firma. La defensa afirma que la compañía se hizo cargo de la infraestructura básica y de la conectividad vial del sector, y que no existieron aportes estatales en el momento en que se impulsó el proyecto.

El argumento de fondo se apoya en la usucapión (prescripción adquisitiva): según la postura empresarial, el proyecto estuvo atravesado por trabas y demoras administrativas durante un período prolongado y, aun así, la firma habría mantenido la ocupación y el resguardo del lugar por más de 20 años. Bajo esa lectura, la posesión sostenida en el tiempo y la falta de intervención efectiva del Estado serían elementos centrales para reclamar la titularidad.

Además de discutir la cuestión de fondo, la empresa cuestiona la rapidez y el encuadre con el que se resolvió el conflicto en la justicia provincial. Plantean que el expediente debió tramitarse en el fuero civil ordinario y denuncian que el rechazo municipal a la aprobación de planos de mensura habría operado como un bloqueo para frenar el avance del juicio de prescripción.

La puja también abre un flanco económico sensible: si la Corte terminara fallando a favor de la empresa, podrían activarse reclamos por daños y perjuicios de gran magnitud contra el municipio y la provincia, incluyendo inversiones realizadas y eventuales pérdidas o deterioros de equipamiento señalados por la firma.