La firma pesquera Prodesur S.A., propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, inició una acción judicial en los tribunales federales de Comodoro Py contra el Consejo Federal Pesquero. La presentación, patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Juan Tiberio, acusa al organismo nacional de cometer “arbitrariedades” en el sistema de adjudicación de las cuotas de pesca de merluza negra.

El caso quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien se encuentra a cargo de la investigación. Según trascendió de fuentes judiciales, se prevé que en las próximas semanas comiencen a declarar varios integrantes del Consejo Federal Pesquero, que por primera vez enfrentan una situación de esta magnitud.

El foco de la denuncia está puesto en la presunta existencia de un reparto discrecional de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), lo que, según los denunciantes, habría derivado en un esquema de concentración del recurso en manos de un reducido grupo de empresas. En ese sentido, los letrados advirtieron que “el haber excluido a la sociedad PRODESUR S.A. generó, de inmediato, una cartelización real de la explotación del recurso merluza negra en el mar argentino”.

El régimen de cuotificación vigente desde 2009, constantemente cuestionado por su falta de transparencia, vuelve a quedar bajo la lupa. La situación actual ha despertado alarma en el sector pesquero, especialmente por el temor a que se avance con judicializaciones similares en torno a la distribución de la merluza común.

Desde Prodesur aseguran que fueron marginados del proceso de adjudicación correspondiente al período 2025-2039 sin justificativo alguno, a pesar de encontrarse en condiciones equiparables o superiores a otras compañías que sí resultaron beneficiadas. “El Consejo Federal Pesquero omitió realizar el procedimiento de oferta pública para el otorgamiento de la cuota en el período 2025-2039”, señala la denuncia.

Además, se indica que habría existido un pedido informal de sobornos durante reuniones mantenidas entre autoridades del Gobierno Nacional y empresarios del rubro. Así lo manifestó el exintendente de General Pueyrredón y actual diputado provincial, Gustavo Pulti, en una causa paralela que tramita en Mar del Plata: “Se han producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector pesquero, entre los que se encontrarían representantes del sector productivo pesquero marplatense, en las que, impropiamente, las autoridades del Gobierno Nacional habrían efectuado un puntual pedido de ‘coima’ para garantizar la posibilidad de ingresar al reparto de la cuota”.

La empresa denunciante también reclamó una audiencia pública ante el gobierno nacional, pedido que nunca obtuvo respuesta. Tras el rechazo, la disputa escaló y derivó en la denuncia penal que hoy pone en jaque al Consejo Federal Pesquero.

De confirmarse las acusaciones, el caso podría tener consecuencias graves para los funcionarios involucrados, ya que los denunciantes sostienen que los hechos encuadran dentro del artículo 248 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que dicten resoluciones contrarias a la ley.