Denuncia contra integrantes de la Cooperativa Eléctrica: “Todavía no hay una sola prueba que sustente los hechos”, afirmó el abogado Francisco Ibarra

El abogado Francisco Ibarra, representante legal de Santiago Barrientos, Segundo Santana y Ezequiel Krok —todos denunciados por presuntas irregularidades en la Cooperativa Eléctrica de Río Grande— aseguró que sus defendidos aún no fueron notificados formalmente de la causa y cuestionó con dureza el contenido de la presentación judicial.

“Todavía no estamos notificados. Hasta el día de hoy no existe una citación de derechos y garantías respecto de ninguna de las tres personas que se indicó”, explicó en diálogo con FM Aire Libre.

La denuncia, presentada por Carlos Rainieri Fuentes a través de su abogada, Adriana Varisco, incluye acusaciones que van desde administración fraudulenta hasta asociación ilícita. Sin embargo, Ibarra advirtió que se trata de una presentación “mediática” y carente de sustento probatorio.

“Realmente abarca todo, se extiende a todo, no tiene precisión de nada. Hace referencia a personas que ya no existen, a profesionales que fallecieron hace ya bastantes años. Hay una confusión absoluta, sin ninguna clase de material probatorio que sustente esas presentaciones”, afirmó.

Según relató, la Justicia provincial comenzó a requerir documentación el pasado viernes como primera medida para asegurar pruebas. En ese sentido, Ibarra indicó que presentaron entre ocho y diez cajas de documentos, además de otras seis que se entregaron posteriormente, incluyendo más de 10 mil copias.

“La documentación que se ha requerido es muchísima, de muchos años. Se trata de asegurar la prueba. Todavía el Tribunal no se declaró competente ni hay requerimiento formal por parte de Fiscalía”, detalló.

Consultado por los puntos específicos de la denuncia —como contrataciones, aumentos de retribuciones o vínculos con empresas privadas— Ibarra fue contundente: “Todas las contrataciones están debidamente documentadas y registradas. Si hay algún abono en negro, deberá surgir de algún elemento. Hasta ahora, son todas meras manifestaciones sin apoyatura en ningún elemento”.

También desestimó los cuestionamientos sobre eventuales favoritismos o decisiones administrativas discutibles: “La conveniencia o inconveniencia en la contratación es una cuestión de política administrativa. En una denuncia penal no se determina eso, sino si hubo o no un delito”.

En otro pasaje, rechazó versiones sobre supuestos vínculos familiares con contratistas: “El hecho de que en esa denuncia se mencione en calidad de comentarios todas estas situaciones no significa de ninguna manera que esas personas hayan cometido algún delito”.

Finalmente, Ibarra remarcó que, pese a no haber recibido citaciones, sus representados se presentaron voluntariamente ante la Justicia y están a disposición del tribunal.

“Estamos esperando que la Fiscalía determine qué hechos serán investigados. Por ahora, esto es solo una exposición. Nosotros vamos a defendernos como corresponde, pero primero hay que ver si hay algo concreto”.