Con el argumento de continuar reduciendo el tamaño del Estado, el gobierno de Javier Milei avanzará en la eliminación de tres organismos clave vinculados a la seguridad vial y el transporte. La decisión contempla disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), además de reorganizar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), todos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía.

El proyecto de decreto que da forma a esta reorganización ya está listo y podría aparecer publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas, formalizando así un cambio profundo en la estructura administrativa del transporte y la fiscalización vial en el país.

En lugar de estos organismos se creará la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, que asumirá múltiples competencias que antes estaban repartidas. Este nuevo ente actuará como Autoridad de Aplicación para todo lo relativo a las normas y actos administrativos que regulen las concesiones viales y el transporte público terrestre.

Entre las atribuciones asignadas se destaca la fiscalización de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas, en el ámbito nacional. También podrá realizar inspecciones en terreno y exigir a empresas y concesionarios toda la información necesaria para cumplir sus funciones.

La flamante agencia intervendrá en la supervisión del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y del material rodante, vigilará el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas del servicio, y se asegurará de que se adopten medidas específicas para garantizar la seguridad de los bienes y personas transportadas. Incluso tendrá un rol clave en la investigación de accidentes ferroviarios de relevancia o siniestros en pasos a nivel.

Por otra parte, el organismo estará facultado para aplicar sanciones y penalidades previstas por la ley o por los propios contratos de concesión frente a incumplimientos, así como para impulsar acciones civiles o penales relacionadas con su ámbito de actuación. Podrá además propiciar la suspensión o caducidad de permisos y licencias, cuya resolución final recaerá en la Secretaría de Transporte.

Otra de sus funciones será velar por los derechos de los usuarios, a través de la recepción y seguimiento de reclamos, quejas y denuncias, promoviendo investigaciones técnicas y emitiendo informes que impulsen mejoras en calidad, eficiencia y seguridad operacional. A ello se suma la posibilidad de percibir tasas, aranceles y derechos por sus servicios de control, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.

Finalmente, la agencia tendrá potestad para solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo requiera el ejercicio de sus atribuciones y para resolver disputas vinculadas a la modalidad de acceso abierto en el marco de las concesiones ferroviarias.

Con este reordenamiento, el Ejecutivo busca concentrar bajo un solo organismo la supervisión de la red vial y del transporte público terrestre, en línea con el plan de simplificación del aparato estatal que el oficialismo promueve desde el inicio de su gestión.