Los legisladores fueguinos Agustín Coto y Natalia Gracianía presentaron un proyecto para introducir la figura de la “reiterancia delictiva” en el Código Procesal Penal de Tierra del Fuego. El objetivo es brindar a los jueces de instrucción herramientas legales para denegar excarcelaciones cuando se trate de imputados con antecedentes de hechos delictivos repetidos.

La iniciativa busca actualizar el marco normativo provincial, alineándolo con recientes reformas penales nacionales, y reforzar la coordinación entre jurisdicciones para una justicia penal más coherente y efectiva. El proyecto contempla tres modificaciones concretas en el articulado del Código fueguino.

En primer lugar, se propone adaptar el artículo 253 para que la reiteración de delitos sea contemplada como un factor determinante a la hora de valorar el riesgo procesal. En segundo término, se actualiza el artículo 284, reconociendo la importancia de la reiterancia en el dictado de la prisión preventiva. Y finalmente, se incorpora al artículo 292 como causal suficiente para denegar pedidos de excarcelación.

Desde el punto de vista de los autores del proyecto, se trata de una reforma necesaria que no vulnera las garantías procesales, sino que fortalece la capacidad del sistema judicial para actuar de forma proporcional ante situaciones de reiteración delictiva. Para Coto y Gracianía, la iniciativa representa una respuesta legal y técnica frente a una demanda creciente de la ciudadanía: mayor seguridad y menor impunidad.

En los fundamentos del proyecto, se plantea que no contemplar adecuadamente la reiterancia puede traducirse en márgenes de impunidad que favorecen la reincidencia. “Un sistema procesal sin herramientas para actuar ante conductas persistentes deja a la comunidad expuesta”, afirman.

La propuesta legislativa también destaca que este avance representa una mejora en la evaluación judicial de riesgos, sin implicar un debilitamiento del estado de derecho. “Es una reforma prudente y jurídicamente justificada”, remarcan.

Finalmente, desde el bloque impulsor remarcan que la incorporación de esta figura permitirá a la justicia provincial actuar con mayor eficacia, sin resignar derechos, pero reforzando la protección de la comunidad frente a delitos reiterados.