La empresa Cripto Patagonia S.A. se encuentra en el centro de una fuerte controversia en Río Grande tras instalar generadores eléctricos de gran porte en una zona residencial, lo que provocó la indignación de vecinos por los ruidos molestos, la posible contaminación ambiental y la aparente falta de controles municipales.

La doctora Adriana Varisco, representante legal de un grupo de vecinos afectados, en diálogo con Radio Provincia explicó que el conflicto comenzó el 28 de junio, cuando la empresa encendió por primera vez los generadores ubicados en un galpón de la calle Estelaine, esquina Guayaquil, en un predio donde también funciona un hotel. “A partir de esa fecha, los generadores funcionan todos los días. A la noche los bajan un poco, pero el ruido continúa”, explicó.

Según relató Varisco, la empresa está habilitada desde 2022 para el almacenamiento de datos bajo la categoría de “hostelaje de datos y actividades conexas”, pero no tiene autorización para producir energía. “Utilizan gas para generar electricidad mediante cuatro generadores instalados en contenedores. Esta actividad, además de no estar autorizada, genera contaminación acústica, emisión de gases, y afecta directamente la salud de los vecinos”, afirmó.

Los habitantes del barrio han presentado notas ante el municipio, pero hasta ahora solo obtuvieron como respuesta un acuerdo informal: que los generadores no funcionen durante la noche. “Eso no resuelve el problema. Durante el día el ruido continúa y en algunos casos llega a superar los 80 decibeles, cuando el máximo permitido por ordenanza para esa zona es de 50”, advirtió la abogada.

Uno de los aspectos más graves que mencionó es que la actividad de la empresa se desarrolla a muy pocas cuadras de la Reserva Natural Urbana Laguna de los Patos, lo que podría agravar el impacto ambiental de las emisiones.

La situación se torna aún más compleja cuando se vincula a Cripto Patagonia con una denuncia por corrupción contra la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, donde la empresa figura como deudora de unos 90 millones de pesos por consumo eléctrico. Según explicó Varisco, “ese documento interno del directorio indica que, ante los altos costos, decidieron generar su propia energía. Lo preocupante es que no se intimó a la empresa ni se le cortó el suministro, lo que despierta sospechas”.

Actualmente, se encuentra en receso judicial por la feria de invierno, pero la doctora Varisco confirmó que una vez retomada la actividad presentarán pruebas y una medida cautelar para exigir el cese del funcionamiento de los generadores. “Lamentablemente, en nuestro sistema legal, son los vecinos quienes tienen que demostrar que están siendo perjudicados. Y mientras tanto, los generadores siguen encendidos”, lamentó.

Por ahora, las autoridades locales no han ofrecido una respuesta clara. Desde el municipio se alega que la empresa cuenta con habilitación comercial, pero no se ha verificado si existe alguna excepción para el uso de generadores ni se han hecho cumplir las ordenanzas sobre ruidos molestos.

“Nos preocupa mucho que nadie diga nada. Que aparezca una empresa de la nada, en un barrio residencial, montando un sistema de generación energética sin control. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?”, se preguntó finalmente Varisco.