El abogado Jorge Pintos, representante legal de la querella presentada por Ubaldo Tardón, volvió a poner en la mira las adjudicaciones de terrenos en Tolhuin. Según indicó, la denuncia se remonta a 2021, en plena pandemia, pero el avance judicial ha sido lento, “más aún cuando se trata de funcionarios o empresarios de renombre”.

El letrado explicó que las tierras reclamadas por la familia Tardón están en disputa desde hace décadas. “Estaban en posesión de esta familia desde 1953, con expedientes primero en el Territorio Nacional y luego en la Provincia. Incluso Legal y Técnica había reconocido que debían entregarse a los Tardón, pero nunca se concretó”, detalló.

En ese contexto, Pintos cuestionó que mientras el trámite provincial permanecía sin definición, distintas gestiones municipales avanzaron con la entrega de terrenos a privados. “Desde la intendencia de Claudio Queno hasta la actual, se siguieron otorgando lotes de manera irregular en zonas que ya tenían un reclamo legítimo de la familia”, afirmó.

Uno de los casos más polémicos es el de un empresario que, según la denuncia, recibió 7 hectáreas a su nombre, otras 7 para su empresa y otras 7 para su pareja, sumando 21 hectáreas sobre la costa del lago. “Se presentaron apenas con el plano de una cabaña de 60 metros cuadrados como inversión turística, algo que la normativa no permite, porque establece que a una persona le corresponde un solo lote con un mismo objeto”, precisó el abogado.

Pintos también puso la lupa sobre el emprendimiento “Eco Pueblo”, que había sido aprobado con fines turísticos pero terminó convertido en un negocio inmobiliario, con más de un centenar de lotes comercializados. “Lo más llamativo es que incluso hay tierras cercanas al río Valdez, también adjudicadas a quienes fueron beneficiarios de Eco Pueblo”, señaló.

Entre los adjudicatarios aparecen empresarios de Río Grande, integrantes del Grupo G7, parientes de exintendentes de Tolhuin e incluso personas vinculadas al ámbito judicial. “No se trata de vecinos comunes, sino de gente con poder e influencia. Lo preocupante es la resistencia de la Municipalidad para entregar la documentación que pide la Justicia”, remarcó.

La querella, tras años de trabas, consiguió en junio de 2025 una orden judicial para que el Municipio remita la documentación pendiente. Sin embargo, al no cumplirse el plazo, ahora se evalúa pedir directamente el allanamiento. “Si en pocos días no se cumple con la orden, habrá que avanzar en esa medida. La Municipalidad está tratando de eludir lo que dispuso el juez”, advirtió Pintos.