El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió separar de manera definitiva de la fuerza a Mario Gastón Encina, sargento que cumplía funciones en la Comisaría Quinta de Río Grande. La medida quedó plasmada en el decreto provincial N° 1965/25, fechado el 6 de agosto, con las firmas del gobernador Gustavo Melella y la ministra Gabriela Castillo.

Encina había sido condenado en marzo de 2023 por el Juzgado Correccional de Río Grande a tres años de prisión en suspenso, tras comprobarse que en 2016 agredió y amenazó con un arma de fuego a su pareja en un domicilio de la Margen Sur. La sentencia fue por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas con arma”.

El fallo judicial se dictó en el marco de la Ley 26.845 de Protección Integral a las Mujeres, la Convención de Belém do Pará y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Además, el magistrado ordenó acompañamiento psicológico y un plan de contención para la víctima, supervisado por la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT).

Sumario administrativo

Paralelamente a la causa penal, la Policía abrió un sumario interno en el que se acreditó que el sargento había ejercido violencia física contra su pareja. En ese informe quedó asentado que “el obrar del Sargento Encina demuestra la inobservancia de los deberes y obligaciones de todo efectivo policial, ocasionando menoscabo para la disciplina, la investidura y prestigio de la institución policial provincial y como consecuencia la pérdida absoluta de la confianza que como policía y miembro auxiliar de la justicia exige”.

La resolución del Ejecutivo subraya que su accionar contravino la Ley Provincial N° 735, que obliga a todos los integrantes de la fuerza a sostener conductas públicas y privadas acordes con la ética y el estado policial.

De esta manera, Encina quedó definitivamente fuera de la institución, luego de que tanto la justicia como la propia fuerza concluyeran que sus actos afectaron el honor y la credibilidad de la Policía de la Provincia.