La Justicia dispuso este lunes una medida cautelar que ordena el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en Casa de Gobierno y adjudicados a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. La resolución fue celebrada por el Ejecutivo, que lo consideró un reconocimiento a la vulneración de la privacidad institucional.
El fallo, dictado por el juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, prohíbe la publicación del material en cualquier formato, ya sea escrito, audiovisual o en redes sociales, y alcanza a todas las plataformas digitales y medios de comunicación. Para reforzar su cumplimiento, se ordenó enviar un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con habilitación incluso en días y horarios inhábiles.
La reacción oficial
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la resolución en sus redes sociales al afirmar: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso vinculado con la libertad de expresión”.El Gobierno, además, presentó una denuncia ante la Justicia Federal en la que calificó los audios como parte de una “operación de inteligencia ilegal” con fines de desestabilización política en plena campaña electoral. Según Adorni, las grabaciones fueron manipuladas y difundidas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo.
El origen de la controversia
La polémica se desató el viernes, cuando circuló un clip en el que supuestamente se escuchaba a Karina Milei convocar a la “unidad” dentro del oficialismo libertario. Quienes difundieron ese fragmento anunciaron que se trataba apenas de un adelanto de futuras publicaciones, lo que aceleró la reacción judicial y política.
Un caso bajo investigación
Desde la Casa Rosada insisten en que lo ocurrido no fue una simple filtración, sino un ataque planificado y dirigido que involucró la interceptación de conversaciones privadas de Milei y otros funcionarios. El Gobierno busca ahora que la Justicia determine quiénes estuvieron detrás de la maniobra y con qué propósito.La medida cautelar, mientras tanto, marca un precedente en torno al límite entre la privacidad institucional y la difusión pública de material obtenido por vías irregulares.
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