En diálogo con Minuto Fueguino, el Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, analizó la reciente sentencia en un juicio por abuso sexual, donde el tribunal condenó al imputado a cuatro años de prisión, la mitad de lo solicitado por la fiscalía.

Al respecto, Bramati explicó: “El caso fue muy interesante porque se planteó una discusión sobre si era abuso simple, agravado por la calidad de guardador del imputado, o si era gravemente ultrajante. El gravemente ultrajante agravado, que era el supuesto que planteaba la fiscalía, tiene como mínimo ocho años. En cambio, el abuso sexual simple, agravado, permitía un mínimo inferior, justamente ante la mayoría haber elegido el abuso simple”.

En ese sentido, destacó que la reducción de la escala penal llevó a una condena más baja, aunque aceptable: “Así es como terminan definiendo una pena que, si bien no es la que solicitamos, por lo menos a mí me parece razonable en función de la calificación legal que escogieron”.

Consultado sobre los criterios que llevaron al tribunal a caracterizar el hecho como abuso simple, el Fiscal precisó: “Es una discusión que viene desde hace años, casi desde la creación del tipo penal de abuso. Las dificultades se presentan en los casos concretos: ver en qué situaciones se da el agravante de gravemente ultrajante. Hay que tener en cuenta muchos aspectos: la situación de la víctima, el hecho en sí, el lugar en que se produjo, el modo en que se produjo y la afectación a la víctima. Todos esos parámetros hacen que los jueces tengan que analizar caso por caso”.

Respecto a las declaraciones en el proceso, indicó: “El imputado siempre dijo que fue inocente y la menor, en su versión filmada, explicó el abuso que ella supuestamente sufrió. Nosotros consideramos que efectivamente sufrió y que el tribunal confirmó. Era una situación de convivencia temporaria, por eso el agravante fue de guarda exactamente”.

Bramati también hizo hincapié en la demora del caso, ocurrido en 2019, hasta llegar al debate oral: “Ese es un tema en el que venimos trabajando hace un par de años, tratando de que los procesos avancen y duren menos. Venimos de hacer juicios con hechos más viejos y estamos logrando reducir esa brecha. El 80% o 90% de los casos son abusos y se les está dando prioridad para que las víctimas tengan una respuesta en un plazo razonable”.

Finalmente, explicó que las demoras se deben a la acumulación de causas y la producción de pruebas: “Se habían juntado muchos casos en trámite. Ahora, por suerte, ya estamos en etapa de juicio y estamos consiguiendo ponernos al día, por decirlo de alguna forma”.