Marisa, esposa de un policía retirado, denunció en Radio Provincia que un grupo de ex agentes que prestaron servicios en el antiguo territorio fueguino acumula tres meses sin percibir haberes —julio, agosto y septiembre— además del SAC. Asegura que no hay diálogo con el directorio de la Caja y que la información pública “está desactualizada”.

Según relató, en junio el pago llegó fuera de término y en dos tramos, lo que tensó economías familiares que —dijo— “se organizan en base a ingresos previsibles”. El conflicto se profundizó con la Resolución N.º 148 del 1° de agosto de 2025, que, de manera unilateral, habría excluido de la compensación provincial a quienes cobran por la Policía Federal. “De un día para el otro te quedás sin ese ingreso”, cuestionó.

La mujer sostuvo que no obtienen audiencias y que las respuestas del directorio “son vacías” y se conocen “por declaraciones en medios”. Criticó en particular al presidente de la Caja, a quien atribuyó expresiones que “desconocen la historia” del sistema: “A los que prestaron servicio en el territorio nos tildan de creer que somos dueños de la Caja, pero la Caja nació en 1988 (Ley Territorial N.º 334) para compensar el 100% de zona que la Federal no reconocía al momento del retiro”.

Luego, repasó la evolución institucional. En 1992, con la provincialización, los policías territoriales pasaron a ser provinciales y se incorporaron nuevas camadas. Más tarde, mediante la Ley N.º 834, se integró a los “policías netamente provinciales” a la Caja creada por los territoriales. “Entre 1988 y 2010 había aportes y un activo que sostenía el sistema. Después hubo manejos que desconocemos”, señaló. En ese marco, afirmó que los “policías netamente provinciales” habrían cobrado “en tiempo y forma” porque el directorio “considera que no corresponde percibir dos haberes”.

Otro punto de fricción es la equidad interna. Marisa cuestionó que integrantes del directorio —retirados y en actividad— perciban sus sueldos y “gastos de representación”, cuando “personas de 70 u 80 años no pueden tener doble ingreso pese a lo que aportaron”. Como ejemplo, dijo que en la página oficial lo último publicado “es de 2024” y aparece una proyección 2025 de esos gastos por $4 millones.

El reclamo no sería aislado. “Somos alrededor de 500 los afectados”, aseguró. Contó que le entregaron dos cartas al Presidente de la Nación, una con el detalle del planteo y otra resumen, insistiendo en la falta de transparencia y de canales formales de diálogo con la Caja.

Frente al silencio, adelantó los pasos que piden: una auditoría nacional “sobre el destino de los fondos y las inversiones desde el origen” y que, de comprobarse irregularidades, “cada responsable responda con su patrimonio”. También cuestionó eventuales ventas de activos: “Hablan de vender un terreno: es como vender las joyas de la abuela. ¿Y después?”.

La vocera recordó declaraciones públicas de marzo en las que se afirmó que “la Caja no está en peligro” y que los sueldos se mantendrían, algo que —sostuvo— se contradijo con el pago desfasado de mayo y el impago de los últimos tres meses. “Si tomás un cargo, necesitás responsabilidad y madurez; no solo un sello y esperar fin de mes”, lanzó.

Finalmente, señaló que presentaron una nota al Gobernador y propusieron como salida cumplir el artículo 69 de la Ley 735, que plantea la equiparación entre policía provincial y federal. “Sería un buen puntapié; ningún gobierno lo abordó en serio”, cerró.

• Falta de haberes: julio, agosto y septiembre, más SAC.
• Resolución 148/2025: excluiría compensación provincial a quienes cobran por Federal.
• Origen de la Caja: 1988 (Ley 334), para compensar zona desfavorable.
• Integración posterior: Ley 834 incorpora a policías “netamente provinciales”.
• Pedido urgente: auditoría nacional y aplicación del art. 69 de la Ley 735.
• Grupo afectado: unas 500 personas, según la vocera.