El presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Gustavo García, reconoció que el organismo mantiene una deuda millonaria con Autofarma, pero rechazó que los atrasos en los pagos puedan explicar por sí solos el cierre de la empresa. La firma reclama cerca de $6.000 millones y sostiene que los incumplimientos fueron determinantes para llegar al cese de sus actividades.

En declaraciones a FM Provincia, García aseguró que la obra social continuó realizando transferencias durante los últimos meses y afirmó que solamente en el último período se giraron alrededor de $1.000 millones. A partir de ese dato, planteó interrogantes sobre la situación económica que atravesaba Autofarma antes de cerrar sus sucursales.

Uno de los argumentos utilizados por el titular de OSEF estuvo relacionado con el nivel de facturación de la compañía. Según indicó, entre diciembre y enero Autofarma habría alcanzado movimientos cercanos a los $3.000 millones. “Si por un mes que no se le paga a la empresa tiene que cerrar las puertas, la verdad que no me da. No me da el pensamiento para ver qué es lo que está pasando de fondo”, manifestó.

La postura de García contrasta con la explicación sostenida por Autofarma, que atribuyó buena parte de su crisis a la acumulación de pagos pendientes. La empresa argumentó que esa situación dificultó la reposición de medicamentos, el cumplimiento con proveedores y el pago regular de los salarios.

“Si esa es la excusa, que OSEF, gracias a OSEF, fundimos, me parece que no”, respondió García, quien consideró que la situación debería analizarse desde una perspectiva más amplia. “Me parece que estamos llevando el foco a otro lado. Estamos sacando el foco de atención, lo estamos tirando a otro lado cuando están pasando las cosas por otro lado”, agregó.

El funcionario aclaró que no estaba formulando una acusación concreta contra los propietarios de la empresa, aunque expresó preocupación por la posibilidad de que existan problemas internos adicionales. Incluso recordó experiencias anteriores con compañías que terminaron en procesos de quiebra dejando salarios pendientes. “No quiero pensar que están yendo por ese camino”, expresó.

García también cuestionó la comunicación que mantuvo la conducción de Autofarma durante las últimas semanas. Según relató, intentó establecer contacto en reiteradas oportunidades sin obtener respuestas. “Todos los días mandaba mensajes y no me respondían”, afirmó.

En ese marco, diferenció la situación de los trabajadores de las decisiones tomadas por la empresa. “Entiendo a los trabajadores que hablan en representación de la empresa, pero me parece que la empresa no estuvo a la altura de las circunstancias para sentarse a discutir seriamente con la obra social”, sostuvo.

Otro punto que generó cuestionamientos fue el destino del último pago efectuado por OSEF. García aseguró que fueron transferidos $1.000 millones, mientras continuaban los reclamos de empleados por salarios atrasados. Consultado sobre si esos fondos habían sido utilizados para regularizar los haberes, respondió que “por lo visto” no había sucedido.

El presidente de la obra social también señaló que los problemas salariales se habrían iniciado antes del período de mayores atrasos de OSEF, circunstancia que, según su interpretación, obliga a analizar otras variables relacionadas con la crisis empresarial.

A esto sumó la situación registrada en Santa Cruz, donde Autofarma también mantuvo sucursales y atravesó reclamos laborales. “No lo podemos analizar desde un contexto de la obra social nada más. Me parece que hay que analizar lo macro, a ver qué es lo que pasa con la empresa”, indicó.

De esta manera, el cierre dejó dos posiciones enfrentadas. Autofarma responsabiliza a las deudas acumuladas, entre ellas la de OSEF, por haber deteriorado su capacidad financiera. La obra social, en cambio, admite que existen obligaciones pendientes pero sostiene que realizó pagos millonarios y que el desenlace podría responder también a problemas propios de la compañía.

Mientras continúa la discusión sobre los casi $6.000 millones reclamados y las responsabilidades detrás del cierre, los trabajadores permanecen como el sector más afectado, con salarios pendientes y sin certezas sobre la continuidad de sus fuentes laborales.