El legislador Raúl Von Der Thusen presentó un nuevo proyecto de resolución para conocer en profundidad el nivel de endeudamiento de trabajadores estatales y privados con el Banco de Tierra del Fuego. La iniciativa busca obtener información oficial sobre préstamos, tarjetas de crédito, refinanciaciones, mora y el porcentaje de los ingresos que cada mes queda comprometido en obligaciones financieras.

El pedido abarca el período comprendido desde el 1° de enero de 2024 hasta la fecha en que el Banco responda el requerimiento y apunta tanto a trabajadores que acreditan sus haberes en la entidad como a quienes mantienen obligaciones crediticias con el banco. Además, propone diferenciar la información entre el sector público y privado y, cuando sea técnicamente posible, entre Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

Von Der Thusen advirtió sobre “el peso de las refinanciaciones, los intereses y la financiación de saldos de tarjetas de crédito, en un contexto marcado por bajos salarios y una fuerte recesión económica”.

Al respecto, manifestó “mucha preocupación por la cantidad de recursos provenientes de los salarios que cada mes quedan comprometidos en el pago de créditos, tarjetas, intereses y otras obligaciones financieras”.

“Sabemos que hay trabajadores muy endeudados y lo que necesitamos ahora son números más precisos de la provincia para conocer la verdadera dimensión del problema y cuánto del salario de los fueguinos está quedando comprometido todos los meses en el pago de deudas”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es determinar qué porcentaje del ingreso mensual de los trabajadores se destina al pago de obligaciones con el Banco de Tierra del Fuego. Para ello, solicita establecer cuántos trabajadores tienen comprometido hasta el 30% de sus ingresos; entre el 30% y el 40%; entre el 40% y el 50%; y cuántos destinan más del 50% de sus ingresos al pago de cuotas financieras.

También se pide conocer el monto total de las obligaciones crediticias y el endeudamiento promedio por trabajador, junto con su evolución durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. En el caso del sector público, se pretende discriminar los datos por organismo o jurisdicción empleadora, mientras que para los trabajadores privados se solicita una diferenciación por actividad económica o sector productivo.

Von Der Thusen remarcó que la situación encuentra un correlato en los indicadores nacionales y mencionó datos del Banco Central de la República Argentina que indican que la irregularidad de las financiaciones a las familias alcanzó el 12,8% en mayo de 2026 y roza el 30% en las billeteras virtuales, mientras que el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria registró un incremento interanual del 36,2% en ese mismo mes.

En este sentido, explicó que “son datos de alcance nacional que no representan específicamente la realidad de Tierra del Fuego, pero muestran cómo el deterioro de la capacidad de pago, el aumento del precio de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo conforman un escenario cada vez más complejo para las familias fueguinas”.

Para Von Der Thusen, “el endeudamiento no puede analizarse separado de los ingresos” y cuestionó los “salarios paupérrimos” que continúan “percibiendo trabajadores en distintos niveles del Estado provincial y municipal, a lo que se suma el aumento de los alimentos y de otros gastos esenciales que las familias deben afrontar todos los meses”.

“Cuando el salario no alcanza para llenar el changuito, pagar los servicios y cubrir las necesidades básicas, muchas familias terminan recurriendo al crédito, a las billeteras virtuales que tienen intereses disparatados o financiando la tarjeta para llegar a fin de mes. Ahí comienza un círculo vicioso que termina dejando a muchas familias prácticamente rehenes de sus deudas”, expresó.

Mora, refinanciaciones y trabajadores informados como deudores

El proyecto profundiza además sobre la situación de quienes ya presentan dificultades para cumplir con sus compromisos. El Banco deberá informar, en caso de aprobarse el pedido, la cantidad y porcentaje de trabajadores con obligaciones en situación irregular o en mora y mostrar la evolución mensual de esos indicadores desde enero de 2024.

También se solicita conocer cuántos préstamos u otras obligaciones fueron refinanciados o reestructurados, los montos involucrados y los resultados de los programas especiales de refinanciación, reestructuración o desendeudamiento aplicados durante 2024, 2025 y 2026.

En particular, la iniciativa reclama información sobre la línea de desendeudamiento destinada a trabajadores estatales implementada durante 2025: cantidad de solicitudes recibidas, operaciones aprobadas, monto otorgado o refinanciado, plazo promedio, tasa aplicada y nivel de cumplimiento.

Otro de los datos requeridos es la cantidad de trabajadores que fueron informados en situación irregular ante la Central de Deudores del Sistema Financiero por obligaciones contraídas con el Banco de Tierra del Fuego. A esto se suma un pedido para conocer cuántas acciones judiciales de cobro o ejecuciones inició la entidad contra trabajadores durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, junto con el monto global reclamado.

El proyecto también pretende determinar cuántos trabajadores poseen dos o más productos crediticios activos simultáneamente, diferenciando, cuando sea posible, entre préstamos personales, tarjetas de crédito, adelantos, préstamos hipotecarios y otros productos. Asimismo, consulta si el Banco cuenta con mecanismos internos para detectar situaciones de sobreendeudamiento entre sus clientes.

Toda la información solicitada deberá ser estadística, agregada y anonimizada, sin identificación directa o indirecta de los clientes y respetando el secreto financiero y las normas de protección de datos personales.

El proyecto menciona además como antecedente la Ley provincial 1628, mediante la cual se establecieron medidas de protección crediticia para retirados y pensionados de las fuerzas policiales del ex Territorio Nacional afectados por demoras en la percepción de su complemento previsional. Según los fundamentos de la iniciativa, aquella experiencia constituye un antecedente para evaluar nuevas herramientas destinadas a otros sectores de trabajadores.

“La información será uno de los insumos para avanzar en un proyecto de ley”, confirmó Von Der Thusen, quien señaló que ya comenzó a conversar con “sectores que representan a trabajadores estatales y privados”, con la intención de ampliar esas reuniones y escuchar sus aportes antes de terminar de definir la iniciativa.

El legislador considera que contar con información actualizada permitirá evaluar herramientas destinadas a proteger el salario, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y acompañar a trabajadores con dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones financieras.

Finalmente, Von Der Thusen reiteró la importancia de contar “con los números reales, escuchar a los trabajadores y construir una herramienta concreta. Tenemos que cortar este círculo de endeudamiento y lograr que una mayor parte del salario vuelva a quedar en manos de las familias fueguinas y de la economía local”.