A raíz del hallazgo de más de 150.000 bolsones de pellets industriales almacenados sin control en un terreno ubicado en el ingreso a Ushuaia, la empresa Río Chico SA/Ipesa presentó un Plan de Acondicionamiento Ambiental ante el Juzgado de Instrucción, como parte de la causa judicial N° 44897/24 que investiga las responsabilidades por este hecho.

El plan fue entregado al Juez Sergio Pepe y al Fiscal Fernando Ballester Bidau, quienes ahora deberán evaluar si las acciones propuestas son suficientes para revertir los daños ocasionados y si cumplen con las exigencias legales en materia ambiental. Además, la causa contempla no solo el accionar de las empresas involucradas –Río Chico e incluso la logística Transisland, que intervino en el acopio– sino también el rol que desempeñaron los organismos de control encargados de fiscalizar este tipo de actividades industriales.

Entre las medidas destacadas en el plan presentado por el abogado de la empresa, Carlos Daniel Medina Gonzalez, se incluye el retiro total de los bolsones de resina hacia el Parque Industrial de Río Grande, “un espacio que, según la empresa, cuenta con las habilitaciones y condiciones adecuadas para el almacenamiento de este tipo de materiales”.

También se proyecta delimitar físicamente el predio donde se acumuló el material para proteger el bosque nativo que bordea la zona. El esquema contempla, además, la construcción de una calle perimetral para permitir el acceso de vehículos ante una eventual emergencia y la instalación de una contención con contenedores vacíos para evitar la dispersión de residuos hacia áreas sensibles.

La existencia del acopio irregular fue revelada por el Diario del Fin del Mundo en mayo de este año. A través de una investigación periodística, el medio expuso la magnitud del problema, alertando sobre la cercanía del depósito con zonas residenciales y el bosque de lengas. También se expuso que muchos bolsones estaban rotos y que el material plástico se dispersaba por la acción del viento y la lluvia. Incluso, los Bomberos Voluntarios de Ushuaia habían advertido que el predio no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad para el almacenamiento de este tipo de productos.

En el detalle presentado ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, la empresa informó que ya fueron trasladadas 55.000 bolsas y que se definió una separación de más de 30 metros con el bosque nativo. También se implementó una barrera física perimetral de más de seis metros de altura con contenedores vacíos para minimizar cualquier riesgo de contaminación.

Respecto al trabajo de remediación del terreno, Río Chico explicó que se recolectaron pellets en una superficie de 7.800 metros cuadrados. “Se implementaron protocolos de trabajo, además del retiro de una capa primaria del piso con maquinaria para tamizar los pellets. Finalmente, informaron al Juzgado de Instrucción que se limpió el sector exterior del predio y el curso de agua lindero de forma artesanal”.

Desde la empresa sostienen que las tareas realizadas “se enmarcan en el cumplimiento de la Ley General del Medio Ambiente y la legislación provincial vigente en materia de protección ambiental, buscando asegurar la preservación, recuperación y uso sustentable de los recursos naturales de la región”.

Pese al traslado del material a Río Grande, hasta el momento no se aplicaron sanciones económicas a las firmas involucradas. Según trascendió de fuentes judiciales, una de las dificultades para actuar con rapidez fue que “no es posible clausurar un predio que no está habilitado”, en referencia a la falta de registros oficiales sobre el espacio donde se realizó el acopio.

Mientras continúa el proceso judicial, la expectativa está puesta en que las medidas adoptadas mitiguen el impacto ya causado sobre el ecosistema fueguino y que se esclarezcan las responsabilidades institucionales que permitieron que esta situación se extendiera durante varios meses sin intervención.