El Gobierno nacional avanza con nuevas restricciones al derecho a huelga a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado este martes, que amplía el alcance de las actividades consideradas esenciales y establece límites mínimos de prestación durante los conflictos sindicales.

La medida, oficializada como DNU 340/2025, incorpora una extensa nómina de sectores estratégicos bajo la categoría de “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental”, obligando a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento aun en caso de paro. De esta forma, se suman a la lista áreas como el transporte y distribución de medicamentos, los servicios farmacéuticos, telecomunicaciones, educación en todos sus niveles, transporte marítimo y fluvial, servicios aduaneros y migratorios, y actividades portuarias, entre otros.

Según el texto del decreto, las partes no podrán negociar una cobertura inferior al 75% en servicios esenciales, mientras que para actividades trascendentales la prestación mínima será del 50%. Hasta ahora, la regulación solo contemplaba servicios básicos como salud, energía, agua potable y telefonía, pero la nueva disposición extiende la protección a casi todo el entramado productivo y social.

El DNU lleva la firma del presidente Javier Milei y de la mayoría de los ministros del gabinete, y se enmarca en la política general de desregulación del Estado. Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es resguardar derechos fundamentales de la población y evitar el colapso de servicios claves durante medidas de fuerza gremiales.

La reacción sindical no se hizo esperar. Hugo “Cachorro” Godoy, referente de la CTA Autónoma, fue uno de los primeros en manifestarse en contra de la resolución, acusando al Ejecutivo de avanzar sobre derechos constitucionales y de reeditar “una ofensiva autoritaria” ya cuestionada por la Justicia. Godoy recordó que medidas similares incluidas en el DNU 70/23 fueron declaradas inconstitucionales por la cámara laboral, y advirtió que el sindicalismo no permitirá un nuevo avance sobre los derechos laborales.

El debate sobre la constitucionalidad y el impacto de este tipo de decretos promete continuar en las próximas semanas, en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.