El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar Martínez, advirtió que el panorama para el sector industrial fueguino hacia fin de año es “muy complicado”, especialmente para quienes ingresaron con contratos a plazo fijo durante 2025. Señaló que las plantas ya definieron vacaciones para diciembre y enero, lo que implicará una fuerte reducción de la actividad y la finalización de numerosos vínculos laborales temporarios.

En ese contexto, el dirigente apuntó de lleno al funcionamiento actual de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE). Remarcó que el Gobierno Nacional dispone hoy de una mayoría automática dentro de ese ámbito, lo que impide frenar decisiones que impactan de manera directa sobre los distintos sectores productivos de la provincia y debilita cualquier intento de defensa de la matriz industrial.

Martínez recordó que la CAAE fue concebida como un espacio de equilibrio y discusión, donde se evaluaban las consecuencias de cada medida antes de su implementación. Sin embargo, consideró que ese espíritu “se perdió”, dificultando la construcción de consensos y dejando en una situación especialmente vulnerable a las actividades cuya continuidad depende de resoluciones específicas, como el sector textil, que recientemente enfrentó intentos de restringir el envío de mercadería al continente.

El sindicalista vinculó este escenario con el clima de incertidumbre generado por el escándalo que involucró a funcionarios del área productiva nacional, y que derivó en renuncias clave poco antes de una instancia decisiva fijada para el 11 de diciembre. Recordó además que el área fue degradada sucesivamente de Ministerio a Secretaría y luego a Subsecretaría, algo que interpretó como una demostración de desinterés del Gobierno hacia el régimen fueguino.

Según explicó, esa falta de estructura política y administrativa también se tradujo en demoras en gestiones básicas, como la homologación de acuerdos paritarios que la UOM reclama desde junio. “Venimos reclamando hace meses algo que debería ser un trámite rutinario”, cuestionó.

Entre los aspectos más sensibles, Martínez mencionó el nuevo proceso productivo para la fabricación de teléfonos celulares. La modificación redistribuye tareas que actualmente se realizan en Tierra del Fuego y obliga a cada planta a revisar cuántos operarios de línea serán necesarios bajo el nuevo esquema. En la práctica, anticipó, esto puede derivar en un recorte de puestos de trabajo y en un clima de tensión sostenida en las fábricas.

Pese a ello, confirmó que sigue vigente el acuerdo alcanzado tras las protestas de mayo, con validez hasta diciembre y una prórroga hasta marzo. Sin embargo, reconoció que la situación económica deteriora día a día la realidad de las familias metalúrgicas. Cuestionó particularmente la presión del Gobierno Nacional para limitar las recomposiciones salariales al 1% mensual, al asegurar que los indicadores oficiales “no reflejan el costo de vida patagónico”.

Martínez describió la pérdida de poder adquisitivo como “brutal”, sobre todo después de la devaluación, y sostuvo que la caída del consumo ya se siente en las líneas de producción. Habló de acumulación de stock, menor rotación de mercadería y cierre de locales comerciales como consecuencias visibles de ese proceso.

Consultado sobre el decreto de compras a distancia, indicó que por el momento no se percibe un impacto profundo en el sector industrial fueguino, ya que el uso de esas plataformas sigue siendo acotado y abarca un número reducido de productos. Subrayó, en cambio, que el desplome del ingreso real es hoy el principal factor que explica la baja en las ventas.

Finalmente, el titular de la UOM Río Grande manifestó su preocupación por la intención del Gobierno Nacional de avanzar con una reforma laboral. La calificó como perjudicial para los derechos adquiridos y orientada a beneficiar a las grandes patronales, en particular a las multinacionales. Advirtió que, de prosperar, este tipo de cambios podría tener “consecuencias terribles” para los trabajadores, en un contexto donde la industria fueguina ya se encuentra sometida a fuertes presiones.