El sector ganadero volvió a encender las alertas por las pérdidas que provocan las jaurías de perros asilvestrados en la zona rural de Tierra del Fuego. En los últimos episodios, productores denunciaron matanzas de ovinos y un impacto económico que, además del dinero, arrasa con años de trabajo y planificación.

La presidenta de la Asociación Rural TDF, Lucila Apolinarie, remarcó que no se trata de un problema nuevo: aseguró que lo padecen “hace décadas” y que desde 2012 existe una declaración de emergencia vinculada a esta situación. En declaraciones a Radio Provincia 99.9, señaló que lo que falta es “decisión y voluntad política” para aplicar medidas de control sostenidas.

Apolinarie diferenció a estos animales de los perros urbanos: explicó que los ejemplares asilvestrados “ya no son mascotas”, sino una especie exótica invasora que actúa con conductas de vida salvaje. Según describió, muchas muertes no se producen solo por mordidas: los animales atacados pueden terminar destripados por el estrés de la corrida, caer en cursos de agua y ahogarse, o sufrir lesiones internas. Para la dirigenta rural, el cuadro también implica un “desastre ambiental” originado en la irresponsabilidad humana.

La dinámica de las jaurías, agregó, dificulta cualquier intervención: se mueven de un establecimiento a otro, cruzan alambrados y no reconocen límites de propiedad. En ese marco, recordó que existe una normativa (una resolución de 2008) que habilita la caza de estos animales en áreas rurales, aunque no así en zonas urbanas o periurbanas.

En paralelo, apuntó a un obstáculo de fondo: la provincia cuenta con una ley no eutanásica, lo que —según su mirada— condiciona las alternativas cuando los municipios retiran perros de la calle. En ese contexto, mencionó estimaciones sobre la cantidad de animales sueltos: alrededor de 14.000 en Ushuaia, 12.000 en Río Grande y unos 3.000 en Tolhuin. Con una comparación directa, sostuvo que si no se puede sacrificar, el Estado debería pensar infraestructura “como un IPV” para albergarlos, porque “no hay caniles ni presupuesto” que alcance.

También cuestionó la escala de las campañas municipales de zoonosis: dijo que, frente a poblaciones tan grandes, castrar cientos o algunos miles de perros resulta insuficiente para modificar el escenario de fondo. “Tienen que ser campañas fuertes, ordenadas y prolijas”, insistió.

Sobre un ataque reciente —que habría dejado unas 120 cabezas de ovinos muertas— estimó pérdidas por alrededor de 12.000 dólares. Y subrayó que no es solo un número: criar un cordero hasta que llegue a la venta o al consumo puede demandar hasta tres años, por lo que el golpe es productivo y biológico.

Por último, vinculó el problema con el incumplimiento de normas de tenencia responsable: remarcó que en Río Grande no deberían circular perros sueltos y que, si no se respetan las reglas (correa, patio, registros cuando hay muchos animales), “alguien tiene que hacerse responsable” cuando las consecuencias terminan en el campo.