El turismo en la Antártida batió un nuevo récord durante el último verano austral, con cerca de 125.000 visitantes, más del doble que hace apenas cinco años, en medio de una creciente preocupación por el impacto ambiental de esta actividad en uno de los ecosistemas más frágiles y vírgenes del planeta.

A pesar de que existen ciertas directrices y recomendaciones ambientales, no hay aún una regulación internacional vinculante que limite el flujo de turistas ni establezca controles uniformes. Según datos de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO), cada temporada arriban a sus costas alrededor de 80 cruceros, con pasajeros que van desde grupos reducidos hasta grandes embarcaciones con más de 3.000 personas.

El modelo de turismo que se promueve es mayoritariamente marítimo, con desembarcos permitidos solo para buques que transportan menos de 500 pasajeros y únicamente en puntos predeterminados. Sin embargo, científicos, organizaciones ambientalistas y guías especializados alertan sobre los efectos colaterales de esta expansión: alteración del comportamiento de la fauna, aceleración del deshielo, introducción de especies invasoras y contaminación de las aguas.

Claire Christian, directora de la Coalición Antártica y del Océano Austral (ASOC), advirtió que el crecimiento descontrolado del turismo “debe ser gestionado de manera integral y urgente”. Y fue clara al señalar que “si queremos seguir considerando el turismo como una actividad legítima en la Antártida, debe estar mejor regulado”.

Desde 1961, los países firmantes del Tratado Antártico han aprobado más de 50 resoluciones relacionadas con el turismo, aunque la gran mayoría son recomendaciones no obligatorias que requieren adopción en cada legislación nacional. En ese sentido, la actividad turística se mantiene, en gran parte, autorregulada, dependiendo del cumplimiento voluntario de normas y del control mutuo entre operadores.

“No hay una policía en la Antártida. El control es entre nosotros mismos: miramos lo que hace el otro y nos aseguramos de que nadie se desvíe demasiado”, describe Santiago Imberti, guía en cruceros antárticos que zarpan desde Punta Arenas, en el sur de Chile.

A pesar de estas advertencias, algunas agencias sostienen que el turismo puede tener un rol positivo si se lo enfoca desde la educación ambiental y la conciencia global. “La mayoría de las expediciones promueven un turismo de reflexión, de sensibilización y aprendizaje”, afirma Edgardo Vega, director de la Fundación Antártica 21, quien asegura que los viajes se rigen por “altos estándares de sostenibilidad”.

Sin embargo, las investigaciones científicas han demostrado que incluso las visitas más controladas generan impactos acumulativos en la fauna, especialmente en aves y mamíferos marinos, que modifican su comportamiento ante la presencia constante de humanos. Además, se ha detectado la presencia de microplásticos y bacterias no nativas en zonas previamente intactas.

En 2023, los países parte del Tratado Antártico acordaron iniciar el diseño de una normativa integral, unificada y jurídicamente vinculante que regule la actividad turística. No obstante, el proceso se enfrenta a múltiples obstáculos, entre ellos, la diversidad de intereses políticos y económicos de los 58 países firmantes.

La investigadora chilena Chantal Lazen, del Programa de Estudios Antárticos de la Universidad de Chile, considera que “los principales desafíos para avanzar en una regulación efectiva son los consensos difíciles y las diferencias entre sistemas jurídicos e intereses comerciales”.

Mientras tanto, la directora de ASOC insiste en la urgencia de actuar: “Es positivo que estén discutiendo el tema, pero necesitamos que tomen decisiones ya. La Antártida no puede esperar”.