El Superior Tribunal de Justicia aplicó un plan de austeridad ante el recorte presupuestario

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió implementar un conjunto de medidas extraordinarias de austeridad y racionalización del gasto, como consecuencia de la reconducción del presupuesto provincial 2025 dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N.º 32/2026.

De acuerdo a lo establecido en la acordada emitida durante el mes de febrero de 2026, la reconducción presupuestaria implicó una reducción aproximada del 14% de los recursos originalmente proyectados por el Poder Judicial, situación que afecta de manera directa su capacidad operativa, administrativa y de gestión.

Ante este escenario, el máximo órgano judicial provincial consideró necesario adoptar acciones preventivas y transitorias con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de justicia, priorizando las funciones esenciales y las materias sensibles de atención urgente.

Entre las principales medidas dispuestas se encuentra la restricción general en la adquisición de bienes e insumos, que quedará limitada exclusivamente a aquellos considerados indispensables para el funcionamiento del servicio judicial. Asimismo, se resolvió suspender la compra de equipamiento informático como computadoras y periféricos salvo autorización expresa fundada en razones de criticidad operativa.

La acordada también establece la suspensión de nuevas obras públicas, con excepción de aquellas cuya paralización pueda implicar riesgos estructurales, de seguridad o mayores costos futuros. En ese marco, se mantendrá únicamente la obra del muro de contención del edificio de la sede del Superior Tribunal de Justicia.

Además, se dispuso la suspensión del reconocimiento de viáticos en todos los niveles del Poder Judicial, la limitación de las comisiones de servicio, la suspensión de nuevas locaciones de inmuebles y la paralización de la designación de personal, concursos, promociones y ascensos mientras persistan las actuales condiciones presupuestarias.

El documento recomienda asimismo extremar las medidas de austeridad en todas las dependencias judiciales, reduciendo al mínimo indispensable el uso de insumos de librería, impresiones, consumo de energía, telefonía y parque automotor, priorizando la utilización de recursos tecnológicos y soportes digitales.

Desde el Superior Tribunal se aclaró que las medidas adoptadas no podrán interpretarse ni aplicarse de modo tal que comprometan el acceso a la justicia, la independencia judicial ni el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Las disposiciones tendrán vigencia mientras subsistan las circunstancias que las motivaron y serán evaluadas de manera periódica, con informes trimestrales sobre su impacto y el nivel de ejecución presupuestaria.

La acordada fue firmada por los jueces del Superior Tribunal de Justicia, dejándose constancia de que uno de sus integrantes no suscribió el documento por encontrarse en uso de licencia.