Este miércoles continuó el debate oral por la muerte de un recién nacido ocurrida en 2015, en el juicio que tiene en el banquillo a una ginecóloga y a un obstetra acusados de mala praxis. Durante la audiencia, la querella —representada por el abogado José Velazco— presentó un extenso alegato en el que sostuvo que la inducción al parto “no tenía indicación médica válida”, que se vulneró el derecho de la madre a consentir el procedimiento y que hubo “administración indebida de fármacos” y “falsificación de registros clínicos” que resultaron determinantes en el fallecimiento del bebé.

El tribunal está integrado por el juez Pedro Fernández —quien preside— y los vocales Eduardo Boccardo y Fernando González. En jornadas anteriores declararon tres médicos forenses y un pediatra de la Justicia Nacional. El debate continuará el lunes desde las 9.30 con nuevos testimonios.

Velazco contextualizó que Carolina Miranda había recibido una orden de internación para inducir el parto con 39 semanas y 6 días de gestación, sin que en la historia clínica se consignara un motivo claro o fundado para esa indicación. Según su alegato, incluso durante los días previos la paciente había manifestado su voluntad de esperar un parto normal, lo cual —afirmó— fue desconocido por la profesional tratante. Recordó que la ley 26.529 sobre consentimiento informado estaba vigente desde 2009 y exigía la firma expresa del paciente para cualquier intervención.

La querella aseguró que la inducción se decidió sin que existieran condiciones clínicas para realizarla. Sostuvo que la sospecha de macrosomía fetal invocada por la imputada “no constituía motivo válido” y generó contradicciones, algo que —según expuso— quedó corroborado por pericias del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, las cuales señalaron que no surgía de la documentación médica ninguna indicación precisa para iniciar la inducción.

Velazco afirmó que a Miranda se le administró misoprostol en una dosis “superior a la recomendada”, indicando que el fármaco viene en comprimidos de 200 microgramos y que al dividirlos en cuatro —tal como admitió uno de los imputados— la dosificación aplicada habría sido de 50 microgramos, el doble de los 25 microgramos aconsejados por guías médicas. También señaló que hubo administración de oxitocina sin respetar las seis horas de intervalo mínimo entre ambos fármacos, lo que incrementa el riesgo de taquicistolia, hipertonía uterina y sufrimiento fetal agudo.

Durante la exposición, remarcó que la paciente describió haber sentido el abdomen “duro constantemente” luego de que se inyectara una medicación para “acelerar el proceso”, signos compatibles —según los informes periciales citados— con hiperdinamia uterina.

Otro de los puntos señalados en el alegato fue la existencia de “graves inconsistencias” en la historia clínica, particularmente en los registros de monitoreo fetal. Velazco sostuvo que los controles no se realizaron como lo exige una inducción farmacológica y que, incluso, ciertos registros habrían sido “alterados” para simular controles que no existieron. Para la querella, esta falta de vigilancia fetal continua fue “determinante en el deceso”.

En cuanto a la causa de muerte, citó el informe histopatológico que describió una vasculopatía fetal trombótica y un cuadro de hipoxia crónica compensada, agravado luego por un episodio de hipoxia aguda durante la inducción. Señaló que, al momento previo a la intervención, el bebé se encontraba en un estado frágil pero estable y que los fármacos uterotónicos aplicados en exceso precipitaron su muerte.

El abogado también citó el testimonio de peritos de la Corte Suprema que afirmaron que “si se hubiera realizado monitoreo fetal continuo, probablemente podrían haberlo salvado”.

En su tramo final, Velazco calificó la conducta de los profesionales como imprudente, negligente y en violación de reglamentos vigentes, encuadrándola en el delito de homicidio culposo. Por ello solicitó que ambos imputados sean condenados a cinco años de prisión e inhabilitación especial por diez años, además del pago de costas. También recordó que la querella mantiene una acción civil en curso.

El juicio, que ya lleva diez años desde iniciada la causa, continúa generando expectativa en la comunidad médica y en las familias de la provincia, en un debate que volvió a poner sobre la mesa el acceso a información durante el embarazo, las prácticas obstétricas y el derecho de las mujeres a decidir sobre su parto.