El crecimiento fue del 7,1% en relación con el año anterior y se consolidó una tendencia que, en el largo plazo, avanza mucho más rápido que el aumento de la población general. La tasa nacional de encarcelamiento se ubicó en 258 personas cada 100.000 habitantes, con una única pausa visible durante 2020, cuando el contexto sanitario alteró de manera excepcional el funcionamiento del sistema.

Ese avance empuja a las cárceles a un escenario crítico: la sobrepoblación nacional estimada es del 130,2%, es decir, se alojan 130 personas donde la capacidad técnica debería ser 100. El relevamiento remarca que “capacidad” no se reduce a metros cuadrados, sino que incluye condiciones para camas, educación, trabajo, recreación y acceso sanitario, variables donde se observa el impacto de años de desinversión.

Si se mira el dato estrictamente físico de plazas de alojamiento, el Sistema Penitenciario Nacional contaba con 98.199 lugares y registraba 120.700 internos al 31 de diciembre de 2024, lo que arroja una sobreocupación del 22,9%. En el ámbito federal, el excedente sobre infraestructura se ubicó en 7,2%. Dentro del Servicio Penitenciario Federal, además, rige la emergencia penitenciaria desde 2019, año en el que se reportó un pico de población con la capacidad operativa superada.

Otro factor que explica la presión sobre el sistema es el uso extendido de la prisión preventiva: en 2024 se contabilizaron 45.305 personas detenidas sin condena firme, con diferencias marcadas entre jurisdicciones. En paralelo, el informe subraya que el 17% de las personas condenadas cumple penas de hasta tres años, casos donde podrían aplicarse alternativas como probation, trabajo comunitario o monitoreo electrónico, aunque su utilización no muestra un crecimiento significativo.

La saturación también se traslada fuera de las unidades penitenciarias: miles de detenidos terminan en comisarías y alcaidías, espacios pensados para estancias breves, con consecuencias reiteradas en reportes y denuncias: acceso limitado a servicios básicos, riesgos ante incendios, violencia institucional y escasas oportunidades educativas o laborales.

Geografía desigual del encierro

El mapa muestra contrastes fuertes. Córdoba lidera la tasa con 377 presos cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308) y la Provincia de Buenos Aires (305,2). Esta última concentra el mayor volumen del país: más de 55.000 detenidos, casi la mitad del total nacional.

En el otro extremo aparecen Neuquén (76,9) y Chubut (71,9). Mientras tanto, algunas provincias intentan “correr de atrás” ampliando infraestructura: Jujuy incorporó capacidad con el Complejo Penitenciario N°8 de Chalicán (+107%), y Tucumán y Santa Fe sumaron unidades para aliviar el hacinamiento en dependencias policiales.

Crecimiento por año (datos mencionados en el texto, separado con puntos)

• 2019: Servicio Penitenciario Federal registró 13.773 internos con una capacidad operativa de 12.235 plazas (sobrepoblación superior al 12%).
• 2020: única interrupción breve de la tendencia de crecimiento, asociada al contexto de pandemia.
• 2024: población penitenciaria llegó a 121.443 personas (+7,1% interanual).

Cantidad de detenidos por provincias (según lo informado en el texto, separado con puntos)

• Provincia de Buenos Aires: más de 55.000 detenidos.
• Córdoba: no se detalla cantidad en el texto (se informa tasa: 377 cada 100.000).
• Mendoza: no se detalla cantidad en el texto (se informa tasa: 308 cada 100.000).
• Neuquén: no se detalla cantidad en el texto (se informa tasa: 76,9 cada 100.000).
• Chubut: no se detalla cantidad en el texto (se informa tasa: 71,9 cada 100.000).