Uno de los capítulos parlamentarios más sensibles de 2026 ya tiene fecha tentativa: el Senado se encamina a discutir en el recinto con la mira puesta en el 11 de febrero un proyecto para “adecuar” la Ley de Glaciares. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y acompañada por provincias con perfil minero, busca redefinir los límites de protección ambiental con el argumento de atraer inversiones que, según cálculos del sector, superarían los 30.000 millones de dólares.

El tema llega al centro de las sesiones extraordinarias después de un 2025 atravesado por intentos oficiales de modificar la normativa. En diciembre, el dictamen avanzó en comisión con el respaldo de bloques oficialistas y aliados provinciales. Si el texto obtiene luz verde en la Cámara Alta, el próximo paso será su desembarco en la Cámara de Diputados.

El telón de fondo es un momento de expansión y expectativa para la minería: en 2025 el sector alcanzó un máximo histórico en exportaciones y llegó a explicar el 6,9% del total vendido al exterior. Pero, al mismo tiempo, sigue aportando menos del 1% del PBI, a pesar de que Argentina concentración

El debate expuso rápidamente dos posturas enfrentadas. De un lado, el Poder Ejecutivo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y gobernadores de provincias mineras como San Juan,Mendoza,Catamarca, Salta y Jujuy— sostienen que no se busca “flexibilizar” el ambiente, sino ordenar criterios técnicos para destrabar proyectos. Del otro, organizaciones como FARN y Greenpeace, junto conIANIGLA y el CONICET, adv

En paralelo, un informe de la consultora Invecq volvió a poner cifras sobre la mesa y describió la tensión de fondo: el potencial geológico frente a las trabas regulatorias. El documento sostiene que el principal nudo está en la amplitud de la definición de ambiente periglacial y en la superposición entre zonas con proyectos y áreas que, bajo interpretaciones restrictivas, podrían quedar bloqueadas. También apunta a la falta de un inventario plenamente finalizado y a fallos judiciales variables como factores que desalientan inversiones de capital intensivo.

El trabajo, sin embargo, no plantea “desproteger glaciares”, sino precisar la norma y habilitar actividad en ciertas áreas periglaciales solo si estudios de impacto ambiental demuestran que no se altera el ciclo hídrico. Además, subraya el rol del SEGEMAR y la necesidad de fortalecer controles provinciales para sostener licencia social.

La discusión también se cruza con los incentivos a grandes inversiones y con un mapa de proyectos que todavía muestra una brecha enorme: el país contabiliza cientos de iniciativas metalíferas, pero apenas unas pocas decenas están en producción. En ese marco, provincias como Santa Cruz y San Juan concentran buena parte de las exportaciones mineras, mientras el cobre aparece como el “salto pendiente” frente a la comparación con Chile y Perú.

Con el recinto como próximo escenario, el resultado de este debate marcará el rumbo de la política ambiental y productiva para los próximos años: si prevalece la idea de ampliar certezas para acelerar minerales críticos o si se sostiene la protección actual como barrera preventiva para resguardar reservas de agua en un contexto climático cada vez más exigente.