El oficialismo puso el acelerador en la Cámara de Diputados y avanza para darle media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La decisión se terminó de sellar este miércoles durante una reunión de jefes de bloque, donde se acordó convocar a una sesión especial para el próximo jueves, antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

El encuentro se realizó en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, y formó parte de la hoja de ruta que el oficialismo delineó de cara al 27 de febrero, fecha en la que finaliza la agenda extraordinaria convocada por el presidente Javier Milei. En paralelo, el Senado se prepara para tratar la Reforma Laboral, prevista para la semana próxima.

Según trascendió, La Libertad Avanza insistirá con el mismo texto que obtuvo dictamen de mayoría en mayo del año pasado, impulsado originalmente tras el asesinato de Jeremías Monzón, un caso que involucró a menores de edad y que volvió a instalar el debate sobre el régimen penal juvenil. A ese proyecto se le incorporará un artículo presupuestario reclamado por varios gobernadores.

El cronograma acordado prevé que el martes se constituyan las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y de Justicia, que se sumarán a las de Presupuesto y Legislación Penal, ya conformadas. El miércoles se realizará el plenario de comisiones para firmar los dictámenes y, finalmente, el jueves el proyecto llegará al recinto.

Con la nueva composición de la Cámara, el oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios para avanzar. Los libertarios más que duplicaron su número de diputados y dan por descontado el respaldo en comisión y en el recinto. Incluso, recuerdan que sectores de Unión por la Patria, referenciados en Sergio Massa, ya habían acompañado la iniciativa el año pasado.

El agregado presupuestario que se sumará al texto busca destrabar el acompañamiento de las provincias. Según explicaron desde el oficialismo, si un distrito tenía asignado un presupuesto determinado para políticas penales juveniles y la implementación del nuevo régimen demanda mayores recursos, esa diferencia sería cubierta por la Nación mediante convenios específicos. No obstante, el impacto fiscal total del proyecto aún no fue estimado, ya que el texto no fue enviado a la Oficina de Presupuesto del Congreso, pese a los reclamos de la oposición.

En cuanto al contenido, el proyecto reduce la edad de imputabilidad a los 14 años y establece un sistema de sanciones progresivas según la gravedad del delito. Prioriza medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamientos psicológicos. Para los delitos más graves, fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión, con alojamiento en institutos especializados y sin contacto con población adulta.

Del encuentro participaron representantes de todos los bloques, entre ellos referentes de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, PRO, UCR, Coalición Cívica, FITU y bloques federales. Según pudo saberse, los principales cuestionamientos al cronograma fueron planteados por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que desde la Coalición Cívica se reclamó evitar un tratamiento apresurado del proyecto.

Así, en medio de un debate sensible y con fuerte impacto político y social, el oficialismo busca avanzar rápidamente con una de las reformas más controvertidas de su agenda legislativa.