Una investigación iniciada en 2024 permitió desarticular una maniobra ilegal que durante más de un año comercializó obleas de Revisión Técnica Obligatoria sustraídas de un concesionario oficial de Río Grande. La operatoria se extendió a Ushuaia y Tolhuin, involucró a ex empleados del taller y permitió que decenas de vehículos circularan sin cumplir condiciones mínimas de seguridad.

El caso salió a la luz tras una denuncia del concesionario ubicado sobre calle Rivadavia, donde se detectó el faltante progresivo de obleas. Según los investigadores, el robo se habría producido de manera sistemática y discreta, lo que demoró su detección.

Con el correr de los meses comenzaron a aparecer vehículos con serias falencias mecánicas que, pese a ello, exhibían obleas aparentemente válidas. En paralelo, se detectaron publicaciones en redes sociales ofreciendo la documentación, lo que derivó en la intervención de la División Delitos Complejos.

El lunes 2 de febrero se realizaron allanamientos simultáneos en ocho domicilios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, por orden de la jueza de Instrucción Cecilia Cataldo. Durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa y siete hombres mayores de edad fueron notificados de derechos y garantías procesales. En uno de los domicilios, ubicado en 25 de Mayo al 1200, también se hallaron plantas de marihuana, lo que motivó la participación de la División de Narcocriminalidad.

La investigación determinó que entre los involucrados hay ex trabajadores del taller, lo que explicaría cómo las obleas lograron salir del circuito oficial. Además, se comprobó que existía una demanda estable: conductores cuyos vehículos no superaban la RTO o no podían afrontar los arreglos exigidos. En ese contexto, las obleas se vendían por alrededor de 200 mil pesos, casi el doble del valor legal.

Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de un ex empleado de apellido Barría, señalado como una pieza clave dentro de la organización. La Justicia no descarta nuevas imputaciones, tanto a otros integrantes de la presunta banda como a compradores, cuyos datos ya fueron identificados.

Desde el ámbito judicial advirtieron que el caso podría encuadrarse no solo como robo, sino también como falsificación y uso de documentación pública, delitos que contemplan penas de prisión. Mientras la causa continúa en desarrollo, las identidades de los implicados se mantienen en reserva.