La intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia sumó en las últimas horas un giro clave en sede judicial: la Fiscalía Federal de Ushuaia dictaminó que el planteo presentado por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur debe tramitarse directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de una controversia entre jurisdicciones con impacto institucional.

El pronunciamiento, firmado por la fiscal federal ad hoc Candela Fernández Núñez, se centró en la discusión de competencia: sostuvo que no es un expediente “administrativo” más, sino un conflicto federal donde se debate el alcance de las atribuciones provinciales y los límites de la intervención del Estado nacional.

El caso se originó a partir de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dispuso la suspensión de la habilitación del puerto y ordenó una intervención administrativa integral por 12 meses sobre infraestructura y gestión operativa, técnica y administrativa.

Según el dictamen fiscal, la medida tuvo consecuencias concretas desde su ejecución: se habrían producido actos materiales vinculados a la conducción del puerto, con impacto directo sobre la administración local y el manejo de recursos derivados de la actividad portuaria. Por eso, la Fiscalía planteó que el juzgado federal de primera instancia debería declararse incompetente y remitir las actuaciones al Máximo Tribunal, que es el intérprete final de la Constitución en disputas de esta naturaleza.

En paralelo, el Ministerio Público fue más prudente respecto del pedido de cautelar de la Provincia: indicó que, mientras no se defina la competencia, el juzgado no estaría en condiciones de suspender los efectos de la resolución nacional. También remarcó que la cautelar solicitada se parece mucho al objeto principal del proceso, un punto que suele jugar en contra de su concesión en esta etapa.

El dictamen, además, dejó una señal política-institucional: sugirió explorar una salida acordada entre las partes para evitar que el enfrentamiento escale. Y agregó una observación formal sobre la representación judicial provincial, al advertir que la demanda se habría presentado sin la intervención de la Fiscalía de Estado, un defecto que consideró subsanable.