TIERRA DEL FUEGO.– El debate por la producción de salmón en Argentina volvió al centro de la escena luego de las declaraciones del diputado nacional Damián Arabia, quien cuestionó abiertamente la decisión de Tierra del Fuego de prohibir la salmonicultura en su territorio. Arabia, referente del PRO y cercano a la ministra Patricia Bullrich, comparó la situación argentina con el modelo chileno, que convirtió la actividad en uno de sus principales motores económicos.

“Chile exporta 6.500 millones de dólares en salmón al año. Es su segundo sector exportador, después del cobre. En Magallanes, justo enfrente de Tierra del Fuego, se producen 130 mil toneladas por año. Acá, hace cuatro años, prohibían la salmonicultura y lo festejaban”, expresó Arabia a través de sus redes sociales.

La referencia apunta directamente a la Ley provincial 1387 (anteriormente Ley Nacional N° 27.881), sancionada en junio de 2021, que prohíbe el cultivo intensivo de salmones en aguas del Canal Beagle y otras zonas marítimas y lacustres fueguinas. Dicha normativa fue considerada un hito por organizaciones ambientales, ya que posicionó a Tierra del Fuego como la primera jurisdicción del mundo en legislar contra esta práctica por razones ecológicas.

Sin embargo, desde el ámbito político y empresarial, comienzan a resurgir voces críticas que apuntan al “desaprovechamiento económico” de una industria que en países como Chile genera miles de millones de dólares en divisas y empleos directos.

Uno de los empresarios que promueve una alternativa al modelo fueguino es Diego La Torre, CEO del laboratorio Tecnovax, quien impulsa un proyecto para desarrollar un clúster acuícola en Santa Cruz con una inversión inicial estimada en 400 millones de dólares. Según indicó, “Argentina tiene condiciones excepcionales para la salmonicultura” y apuntó a posicionar al país como un jugador relevante en el mercado global.

“La ganadería exporta menos de 3.000 millones de dólares, mientras que solo el salmón chileno mueve el doble”, sostuvo La Torre, quien resaltó la disponibilidad de costa, acceso a agua dulce y recursos humanos calificados como ventajas competitivas del sur argentino.

Pese al optimismo empresarial, las trabas ambientales y regulatorias siguen siendo el principal obstáculo. La fuerte resistencia de organizaciones ecológicas y el antecedente fueguino dificultan avanzar en proyectos similares sin abrir nuevos debates sobre el impacto ambiental y la sostenibilidad de la actividad.

Por el momento, el Gobierno nacional no ha emitido una postura oficial sobre el tema, aunque las recientes declaraciones de Arabia se suman a un clima cada vez más crítico hacia las decisiones productivas adoptadas en la provincia más austral del país. La tensión se da, además, en un contexto de alta sensibilidad política por los recortes al régimen industrial fueguino, que ya generó un paro provincial y duros cruces entre Nación y los referentes locales.