El Gobierno de la Provincia solo le pagará el bono incluido en el denominado “Plan Anual de Recuperación del Salario” a los jubilados y pensionados provinciales que hayan prestado servicios en ámbitos gubernamentales, y no a los que hayan cumplido su vida laboral en los municipios, la Justicia, la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y el Banco de Tierra del Fuego.

Así lo establece el decreto 18/20 suscripto el pasado 3 de enero por el gobernador Gustavo Melella, y por la ministra de Obras Públicas María Gabriela Castillo, cuyo contenido trascendió el día de ayer.

La firma del decreto estipula el pago “de una suma fija en concepto de asignación extraordinaria, de carácter no remunerativo, no bonificable, y por persona” para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones otorgadas por Caja de Previsión Social de la provincia, y “cuyos haberes jubilatorios hayan sido establecidos por servicios prestados en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial y organismos descentralizados, que conforman el sector publico provincial no financiero”.

De esta manera, la suma extraordinaria de entre $9 mil y $15 mil que estableció el gobierno para la totalidad de los empleados públicos (y que fue percibida días atrás) solo alcanzará aproximadamente al 50% de los jubilados que cobran sus haberes a través de la Caja de Previsión Social de la provincia.

 El resto deberá gestionar a través de sus representantes que el bono sea solventado por cada una de las instituciones donde se desempeñaron laboralmente. Al respecto, algunos directores de la Caja ya iniciaron gestiones para lograr que tanto el municipio de Ushuaia como el de Río Grande, se hagan cargo de esta erogación.

El decreto también menciona que la autoridad de aplicación para la reglamentación y ejecución de la medida será el presidente de la Caja, y que los pagos se realizarán con Fondos del Tesoro Provincial, y no del organismo previsional.

La decisión generó confusión entre los jubilados porque cuando el gobernador Melella anunció el 30 de diciembre el pago del bono para los empleados públicos, afirmó que iba a ser extensivo al sector pasivo, sin distinción de sus lugares de desempeño.

Se informó entonces que la medida alcanzaba “a un total de 17.593 trabajadores activos y pasivos del Estado provincial”, y que representaba “una erogación de $210 millones”.

La directora de la Caja de Jubilaciones en representación del sector pasivo, Patricia Blanco, explicó ayer a El Diario del Fin del Mundo, que “todo el mundo pensaba que el bono era para la totalidad de los jubilados”.

“A mí me parece que estuvo mal comunicado, porque si esta idea la tenían desde un principio, así lo tendrían que haber explicado. El jubilado se quedó con lo que dijo el gobernador, y ahora hay que explicarle a uno por uno. Creo que fue un grave error”, señaló Blanco.

La directora confirmó que ya mantuvo contacto con autoridades del Municipio de Ushuaia, para gestionar la posibilidad de que se hagan cargo del pago del bono, y que otro grupo de jubilados hizo lo mismo con funcionarios del Municipio de Río Grande.