El proyecto que pretende declarar la Emergencia del Sistema Sanitario en Tierra del Fuego por el término de un año, habla de un estado \"sumamente crítico\" de la salud pública. 

El proyecto presentado por el ejecutivo provincial afirma que los espacios físicos, tanto los utilizados por los empleados como los destinados a la atención propia de salud \"se encuentran totalmente saturados a lo que se suma y agrava la compleja situación de la obra de ampliación del Hospital de Ushuaia; por lo que se promoverá un ordenamiento y adecuación de espacios\".

Frente a esto lo que se proyecta es la formación de una Comisión Interministerial con representantes de Salud, Obras y Servicios Públicos y Finanzas, para la elaboración de un Plan Director de Infraestructura para el mejoramiento, re funcionalización y ampliación de los Hospitales y Centros de Atención Primaria de las tres ciudades.

Priorizando también la continuidad de acciones preventivas y de promoción de programas de salud, maternidad e infancia, atención primaria, pre y post hospitalaria y de salud mental, garantizando la distribución equitativa de recursos financieros, materiales y humanos.

Actualmente la deuda del Ministerio de Salud asciende aproximadamente a 100 millones de pesos, aunque esto es estimativo por lo que se ha iniciado una auditoría interna. En principio, la deuda se distribuiría en 43 millones de pesos en bienes de consumo; 20 millones de pesos en bienes de uso; 23 millones de pesos en servicio no personales, otros 14 millones de pesos en transferencias (Fondo de Atención de Personas para Pacientes sin Obra Social) y 500 mil pesos en construcciones.

A esto hay que agregar una enorme cantidad de ingresos de personal en los últimos meses sin ninguna planificación e incluso sin tareas específicas.

Frente a este panorama y un claro déficit de profesionales y técnicos, la ley establece la posibilidad de la contratación también directa por fuera de cualquier convocatoria, toda vez que la idoneidad y la habilitación profesional hayan sido debidamente acreditada.

Se establece un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas durante el plazo de la emergencia y siempre que la situación lo amerite, para abreviar los plazos para la contratación de las obras, servicios o insumos; e incluso el recurso humano y profesional necesario.