El abogado Leonardo Plasenzotti explicó que, tras un proceso de años, se concretó finalmente el remate de cuatro dobladoras de caño y un elevador de personas pertenecientes a las empresas Digital Fueguina y Tecnosur, bienes que habían sido embargados en el marco de un juicio laboral iniciado por seis trabajadores.

“Esto viene de larga data ya. La empresa un par de veces había intentado que estos elementos no se rematen, más allá de haberlos ellos mismos ofrecido como garantía en su momento”, recordó el letrado. Las máquinas estaban embargadas desde el primer juicio que inició Plasenzotti en representación de trabajadores de ambas firmas.

Según relató, el proceso de remate se demoró más de lo previsto: “Tendría que haber sido el año pasado, pero finalmente se terminó rematando ahora. Como son bienes muebles, el remate es sin base, y al no poder verificarse su funcionamiento por el largo tiempo que hace que están paradas y la falta de energía eléctrica en la planta, lamentablemente se remató por un precio irrisorio”.

La diferencia entre lo obtenido y lo adeudado es abismal. “Hoy le deben a estos seis trabajadores un monto aproximado de 550 millones de pesos, y en el remate se obtuvieron 33 millones. Imaginate, estamos hablando de un 6%”, precisó.

Plasenzotti también detalló cuánto valía realmente la maquinaria: “A valor real, funcionando, y en el estado que tenían por los años, cada una valía aproximadamente unos 120 millones de pesos”. Según señaló, lo ocurrido implica una pérdida total para la propia empresa: “Si las hubiesen puesto en funcionamiento, no estamos hablando de menos de 500 millones de pesos, que se terminan rematando por 33 millones. Yo lo que no entiendo es la actitud de la empresa, porque han dejado todo abandonado, a la buena de Dios, y no les importó nunca más nada”.

Tras esta instancia, el proceso continuará sobre los inmuebles de ambas firmas. “Ahora se va a seguir con un embargo sobre los inmuebles, que ya tienen varios embargos. No creo que por el tiempo se pueda efectivizar este año, porque estamos esperando obtener las escrituras, pero el año que viene seguramente serán rematados”, adelantó.

Acerca de la situación general de la empresa, el abogado señaló que poco queda en pie: “No sé bien qué queda de la empresa hoy. Los trabajadores de la UOM nunca efectivizaron ningún embargo sobre el inmueble. Creo que tampoco se consideraron despedidos, fueron prolongando la situación en el tiempo”.

Plasenzotti cuestionó el asesoramiento que recibieron en su momento esos trabajadores: “Alguien les dijo que si no se consideraban despedidos y la empresa seguía emitiendo los recibos, iban a tener que pagar todos los salarios caídos, lo cual no correspondía. Los sueldos se cobran sobre el trabajo efectivo: si no trabajás, no cobrás”.

Explicó además qué debió haberse hecho: “Tendrían que haber intimado a que se les aclare su situación laboral, a que se les dé una ocupación real. Ante la negativa o el silencio de la empresa, considerarse despedidos o iniciar otra acción que permitiera un embargo preventivo”.

Y remarcó cómo funciona el proceso laboral: “En todo juicio laboral, cuando iniciás, más allá del resultado final, podés pedir un embargo preventivo para asegurar el cobro del crédito laboral. Eso fue lo que se hizo en su momento”.